El Informador

Ven manipulaci­ón de datos sobre pacto fiscal

Especialis­tas afirman que los argumentos del gobernador para justificar el maltrato presupuest­al de la Federación son tramposos

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El gobernador de Jalisco utiliza argumentos engañosos para justificar el maltrato presupuest­al del Gobierno federal al Estado, acentuaron especialis­tas.

Para promociona­r la consulta sobre el pacto fiscal, el mandatario estatal difunde que Jalisco aporta ocho de cada 100 pesos a la economía nacional, pero le regresan sólo dos. El Gobierno obtiene la cifra al considerar la aportación de la Entidad al PIB nacional.

Sin embargo, al comparar la recaudació­n tributaria en vez del PIB, de cada 100 pesos que aportó Jalisco en 2020 al presupuest­o federal -vía impuestos como el ISR y el IVA-, la Federación le regresó alrededor de 83, de acuerdo con el Inegi.

Luis Ignacio Román, economista, argumentó que resulta equivocada la comparació­n del aporte al PIB con lo que realmente recauda el Gobierno federal en el Estado. Recordó que el PIB comprende todo el consumo, valor de todos los bienes, servicios e inversione­s del país, más el gasto público, monto que, dijo, no se puede comparar con la carga tributaria.

“La comparació­n con el PIB es francament­e tramposa y la comparació­n de gasto público es doblemente tramposa porque están establecie­ndo una asociación entre el gasto para Jalisco y el asignado al Gobierno estatal. El Estado es mucho más que su gobierno”, expuso el también académico del ITESO.

Por su parte, Andrés Barrios Arenas, coordinado­r de la Plataforma Nacional Nuestro Presupuest­o, afirmó que el titular del Poder Ejecutivo estatal desinforma en la propaganda que difunde en redes sociales sobre el trato fiscal a Jalisco.

“Lo que hace el gobernador es comparar peras con manzanas y está desinforma­ndo a la población. Una cosa es la producción de riqueza, que es el aporte al PIB, y otra cosa distinta es la recaudació­n y la repartició­n de los ingresos”, dijo.

Ambos especialis­tas coincidier­on en que es necesario reformular el pacto fiscal para adaptarlo a las actuales condicione­s económicas del país y porque desde su origen sus términos son abigarrado­s.

Refirieron que la consulta, que costará 22.5 millones de pesos, es más un mecanismo de promoción para el gobernador que un ejercicio para abrir el debate del convenio fiscal.

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