Perfil humano
Dos propuestas del plan del nuevo gobierno de López Obrador han generado polémica no sólo por lo innovadoras sino por las dudas que genera su implementación.
Una de ellas es la designación de delegados estatales que coordinen la aplicación de los programas federales en lugar de los usuales delegados de secretarías y organismos descentralizados. La objeción que le han hecho algunos gobernadores, entre ellos el chihuahuense, es que la concentración de facultades en un solo funcionario pondría en jaque al federalismo.
La figura de un “superdelegado” auxiliado por varios delegados regionales parece obedecer más a fines electorales y políticos que a los funcionales que tenían los delegados tradicionales.
Tal pareciera que se pretende crear una plataforma partidista con personajes políticos que después podrían aprovechar su puesto para obtener otros puestos. Al menos eso es lo que critican los opositores al proyecto de transformación del presidente electo.
La justificación del nuevo gobierno de esta concentración de poder en unos cuantos en vez de la gran cantidad existente es ahorrar y evitar el uso de los recursos federales para obtener ganancias personales así como su aprovechamiento en el proselitismo electoral.
El problema de esta centralización que afectará a los estados es sobre todo la funcionalidad práctica pues si usualmente la burocracia federal tendía a turnarle las decisiones a la ubicada en la Ciudad de México, ahora será complejo y difícil que un solo delegado pueda actuar en todos los campos especializados con eficiencia y eficacia.