Si no queremos impunidad, ¡demandemos YA!

Hace poco más de un año escribía que el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) marcaría a la generación de políticos 2018, de la misma forma que el IMSS distingue entre la generación de jubilados con el plan de beneficios definidos y los jubilados de la generación de las Afores. Y lo decía porque todavía en ese tiempo pensaba que la clase política había entendido el mensaje de hartazgo de la corrupción, emitido por la ciudadanía de muy diversas maneras. El esfuerzo social por introducir la ley “3de3” para el establecimiento del sistema había llamado la atención nacional e internacional y parecía que la clase política la había acogido. Por tanto, de aplicarse cabalmente el sistema, los políticos corruptos decidirían mejor abandonar su carrera política, pues ya no tendrían el camino abierto para seguir en esos menesteres, y sí en cambio estarían sujetos a ser perseguidos por la justicia. Mejor esconderse del reflector y desaparecer del mapa. Calladitos se verían más bonitos. Su libertad y su patrimonio penderían de un hilo.

Pero lamentablemente no ha sido así. Pareciera que más bien la clase política, de todos los partidos, se ha puesto de acuerdo para no implementar el SNA. Se puso de acuerdo para no ceder ante la presión social que exige la lucha frontal contra la corrupción y la impunidad. Eso se ha hecho evidente por la disputa sobre la Fiscalía que sirva, por la falta de aprobación de los formatos de las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal por parte del Comité Coordinador del propio SNA (y que desde el 8 de febrero pasado propuso el Comité de Participación Ciudadana), por la falta de fiscal anticorrupción, entre muchos otros indicios. Simplemente, la clase política que se encuentra aún en el Congreso y en el Senado, y desde luego el Ejecutivo, han sido lastimosamente omisos y pareciera que simplemente han decidido dejarlo morir por inanición.

Y la consecuencia se notó el pasado 1 de julio con la derrota histórica del PRI y del PAN y sus aliados. La credibilidad en Andrés Manuel López Obrador, su reputación de honestidad, y su promesa de que en su mandato se erradicaría la corrupción, convenció a muchos mexicanos y votaron por él. La gente creía, y todavía cree, que realmente la va a combatir, que no la va a tolerar en su gobierno, a pesar de que no dio su respaldo sólido al SNA durante la campaña.

En las últimas semanas, como presidente electo, Andrés Manuel ha dejado claro que no va a hacer una cacería de brujas. Ha dejado claro en repetidas ocasiones que no va a iniciar querellas por delitos pasados, PERO que tampoco va a detener ninguna querella o demanda que esté en curso. Es decir, va a continuar con los casos abiertos, pero no va a abrir casos de corrupción anterior al inicio de su mandato si no se han denunciado. Independientemente de la efectividad con que actúe el nuevo fiscal general y el fiscal anticorrupción durante el próximo sexenio que está por iniciar, queda claro que personaje que no se haya denunciado y demandado legalmente antes del 1 de diciembre, tendrá una amnistía por los delitos cometidos hasta ese momento. Eso dejaría impunes muchos delitos cometidos en contra nuestra, en contra del pueblo de México. Sin juzgar si la decisión del Presidente electo de “borrón y cuenta nueva” a partir del 1 de diciembre es atinada o no, lo que nos queda a los mexicanos que buscamos justicia es intentar por todos los medios que se denuncie a personajes que tanto nos han dañado. Estoy pensando en líderes sindicales como Napoleón Gómez Urrutia, Carlos Romero Deschamps y Elba Esther Gordillo, recién “exonerada” por el trabajo defectuoso de la PGR; en Rafael Moreno Valle, por el espionaje ilegal; en Rosario Robles y sus cómplices por “la estafa maestra”; en varios legisladores que se sabe recibieron “moches” por bajar recursos públicos para municipios y gobiernos estatales; en gobernadores y funcionarios estatales que inventaron empresas fantasmas para pagar servicios inexistentes, y un largo etcétera.

Si estas personas no son denunciadas en las próximas semanas y meses, sus fraudes y desfalcos quedarán impunes. No nos lo merecemos. Demandamos justicia.

“Si estas personas no son denunciadas en las próximas semanas y meses, sus fraudes y desfalcos quedarán impunes”