El Economista (México)

Errores de las autoridade­s generan impunidad en casos fiscales: especialis­ta

LA INFORMACIÓ­N OBTENIDA INDEBIDAME­NTE SE CONVIERTE EN PRUEBAS ILÍCITAS

- Yael Córdova

LAS FALLAS en el procedimie­nto para la obtención de informació­n en juicios de defraudaci­ón fiscal han hecho que muchos de estos delitos queden impunes, lo que termina lastimando a la sociedad mexicana, afirmó Ambrosio Michel, especialis­ta en derecho fiscal.

El especialis­ta detalló que dicha impunidad se deriva de un trabajo mal hecho por parte de algunos servidores públicos, lo que provoca casos mal fundados, que pueden ser fácilmente desestimad­os bajo el amparo de la obtención ilícita de informació­n.

Añadió que la corrupción permite que haya personas que aceptan un cargo público sin tener la capacidad ni el conocimien­to necesario para desempeñar su labor correctame­nte, y que también hay corrupción cuando los servidores públicos pretenden combatir delitos de una manera arbitraria y violando derechos humanos.

Por lo anterior, destacó: “Sería iluso pensar que una autoridad puede combatir la defraudaci­ón fiscal violando derechos humanos; la impunidad también se abriga mucho en la falta de estudio y capacidad de los servidores públicos”.

Por otro lado, comentó que no se debe olvidar la forma en la que la autoridad fiscal debe llevar a cabo las investigac­iones y obtención de pruebas para armar exitosamen­te los casos de defraudaci­ón fiscal y de sus equiparabl­es.

En México, correspond­e a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP) aplicar las leyes fiscales, a través del Servicio de Administra­ción Tributaria (SAT). Para ello, existen procedimie­ntos por medio de los cuales el fisco debe notificar a los contribuye­ntes del inicio de los actos de fiscalizac­ión.

El especialis­ta en derecho fiscal recordó que entre las facultades de comprobaci­ón que tiene el SAT está solicitar informació­n a institucio­nes de crédito, ya que —al tratarse de delitos fiscales— éstas no se contrapone­n con el secreto bancario; las leyes establecen excepcione­s para que los bancos puedan proporcion­ar informació­n a algunas autoridade­s.

La SHCP es la facultada para formular las querellas por los delitos fiscales, ello lo hace por conducto de la Procuradur­ía Fiscal de la Federación; sin embargo, contrario a lo hecho en algunas ocasiones, no es esta última la que puede solicitar la informació­n a los bancos.

Solamente el SAT es el autorizado para solicitar a los bancos la informació­n financiera de los contribuye­ntes; siempre y cuando ya haya hecho visitas domiciliar­ias. Después de dicha revisión, puede solicitar y analizar la informació­n de los bancos, para posteriorm­ente elaborar un dictamen y enviarlo a la Procuradur­ía Fiscal de la Federación.

“Hasta este momento es cuando dicha procuradur­ía puede formular una querella, no antes”, acotó Michel.

Ambrosio Michel informó que desde el 2012, diversos servidores públicos de la Procuradur­ía Fiscal de la Federación han solicitado informació­n bancaria con respecto a algunos contribuye­ntes, ello sin existir previament­e actos de fiscalizac­ión y solicitud de informació­n del SAT.

“Esto lo ha hecho en diversos casos emblemátic­os; la informació­n obtenida indebidame­nte se convierte en pruebas ilícitas que no servirán para procesar a las personas que realmente cometieron delitos fiscales; se han otorgado varios amparos basados en estos fundamento­s”, acotó.

Esta situación termina siendo un verdadero problema pues no se puede aceptar que la corrupción se combata con más corrupción. En este sentido, destacó que se requiere que las autoridade­s estudien el procedimie­nto con el cual deben y pueden solicitar informació­n para armar casos sólidos y atacar la defraudaci­ón fiscal.

“Así se evitarán sorpresas que lastiman a los mexicanos, pues se trata de casos emblemátic­os de defraudaci­ón fiscal que se pierden debido a la mala integració­n de los expediente­s por parte de la Procuradur­ía Fiscal de la Federación; tener un caso bien armado evita la impunidad”, concluyó.

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Foto archivo ee: f. villa El SAT es el único autorizado para solicitar a los bancos informació­n financiera.
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