Se amparan 4 agentes del MP
Los investigan por omisiones en caso de escoltas que fueron liberados
Al menos cuatro agentes del Ministerio Público adscritos a la Unidad de Detenidos de la Fiscalía Zona Norte lograron amparos federales para no ser detenidos por la misma corporación.
Lo anterior tras una investigación por omisiones que se persigue en su contra y que encabeza el jefe de la Fiscalía Especializada del Operaciones Estratégicas, Miguel Ángel Luna López, según se conoció ayer en listados exhibidos en
el edificio del Poder Judicial de la Federación.
Los Ministerios Públicos (M.P.) solicitaron dicho recurso en contra de su homólogo, Miguel Ángel Luna, quien señalan tiene la orden expresa del fiscal general, César Peniche, de investigar bajo qué condiciones se les otorgó la libertad desde las instalaciones de la Fiscalía a varios escoltas privados detenidos por la portación ilegal de armas de fuego durante el mes de marzo.
De acuerdo con el listado los agentes del MP bajo investigación son Laura Verónica Soto, Cintia Varela López, Lizeth Griselda Franco y Damián Romero Vera.
El fiscal Jorge Nava, jefe del Distrito Zona Norte, comentó que se apoyará al personal que se amparó porque desde un principio la investigación (de Miguel Ángel Luna), tiene vicios.
Se convocó verbalmente a una de las agentes para que se presentara a una audiencia de formulación de imputación sobre este asunto cuando nisiquiera fue notificada previamente, según explicó.
Miguel Ángel Luna, quien lleva la indagatoria, tiene antecedentes de haber sido investigado por el delito de tortura, cuando apareció en un video torturando a dos hombres en la habitación de un hotel en el año 2012, mientras estaba al frente de la Unidad Antiextorsión.
No obstante el fiscal de Operaciones Estratégicas tiene órdenes de continuar la investigación contra el personal de la Unidad de Detenidos que puso en libertad a escoltas de un grupo empresarial sin ser consignados ante un juez, según se conoció.
Los escoltas detenidos tenían su licencia colectiva vencida para la portación de armas de fuego que les alquilaba la Agencia de Seguridad Integral propiedad del general, Alejandro Sandoval, se dio a conocer por personal de la misma Fiscalía.