SIN RESPUESTA A DESPLAZADOS POR VIOLENCIA
La familia de Raúl Chávez Palma, asesinado hace más de 6 meses en Santa Cruz, sigue esperando justicia luego del homicidio y del despojo de tierras y de bienes diversos por parte de grupos criminales
Apunto de cumplirse siete meses del asesinato de Raúl Chávez Palma, ocurrido el 13 de junio de 2021 en Santa Cruz, una comunidad situada entre los municipios de Morelos y Guadalupe y Calvo en la sierra de Chihuahua, la familia sigue sin obtener respuesta de la autoridad no solo en la investigación del homicidio sino del despojo de tierras y bienes diversos del que fueron objeto por parte de grupos criminales.
Junto con ellos, 56 personas de cinco comunidades colindantes entre los municipios señalados quedaron a la deriva. El homicidio de Raúl fue el punto más álgido de un conflicto de casi dos décadas de antigüedad, que se recrudeció en los últimos tres años dejando como saldo personas muertas y otras obligadas a abandonar casas, terrenos y todo tipo de bienes que los presuntos delincuentes tomaron, destruyeron y se apropiaron de lo que quedaba: la tierra.
Las familias se desarticularon y tuvieron que marcharse a otros puntos de Chihuahua e incluso a otros estados del país debido a la amenaza de los maleantes de acabar con ellos y a la inacción por parte de la autoridad. Algunas mujeres se quedaron solas en comunidades serranas mientras que los hombres emigraron en busca de empleo.
A cientos de kilómetros de su lugar de origen, aún con temor, desesperación y frustración, las familias desplazadas se dicen “desilusionadas” por el desinterés oficial tanto en la investigación de los hechos como en el seguimiento a las denuncias por despojo.
“La comisión de víctimas nunca nos apoyó, solo dijeron que pagarían los gastos del funeral de Raúl, pero hace ya seis meses que lo mataron y el pago será hasta enero de 2022. De allí en adelante no hay nada. No podemos regresar a nuestra tierra, en cambio la gente que nos hizo tanto daño sigue allí como si nada hubiera ocurrido”, dicen familiares de Raúl, cuyos nombres se omiten por temor a represalias.
Los desplazados tuvieron que refugiarse con familiares que viven en otros municipios o estados y empezar desde cero una nueva vida, en tanto que quienes se apoderaron de las propiedades ajenas, “ya pusieron hasta tiendas conasupo allí y viven tan tranquilos”, dicen los afectados.
Según el acta de defunción, fechada el 17 de junio en la Oficialía de Guachochi, Raúl Chávez Palma murió a causa de la “asfixia por ahorcamiento” pero los testimonios de quienes ahora están lejos de sus hogares, el hombre de 45 años de edad también recibió impactos de bala y su cuerpo quedó en el interior de un vehículo cerca de un punto denominado “Puerto de los Laureles” donde aparentemente, él y sus dos acompañantes fueron emboscados.
Después de asesinar a los tres hombres, indican los testigos, los agresores fueron a la casa de Raúl y la quemaron con todo lo que había en el interior, pero, además, se robaron los animales propiedad de la víctima.
“Quemaron dos casas más. Nos quitaron las tierras, todo, no nos quedó nada. Tuvimos que huir con lo que traíamos”.
Tras lo ocurrido, las familias acudieron a la fiscalía a denunciar los hechos, sin embargo, ha pasado medio año de lo ocurrido y hasta el momento desconocen qué medidas se han tomado o si algún día podrán regresar a su tierra.
“La fiscalía no ha hecho nada. La última vez que fuimos a preguntar cómo iba la investigación me dijeron que no había nada. No hay investigación de la muerte de Raúl. No hemos podido regresar al rancho. Fui a la fiscalía de Guachochi y la respuesta siempre ha sido negativa. Pero les dije que se acordaran que hay un dios que está viendo todas las injusticias. Por eso hay mucha delincuencia, porque el gobierno no quiere hacer nada”, dicen.
El desplazamiento forzado del que han sido víctimas, no solo les ha dejado sin casa y sin un modo de vida, también algunas enfermedades como consecuencia del estrés y la violencia al que fueron sometidos.
“Como no tenemos dinero para pagarles a los ministerios públicos pues no hacen nada. Las familias se dispersaron porque tampoco les hicieron caso. Hay personas que enfermaron, incluso uno de ellos se puso grave después de todo lo que pasó”.
La resignación a la pérdida tanto de la vida de Raúl como del patrimonio arrebatado, es la única opción que ahora ven ante la falta de respaldo de quien investiga e imparte justicia.
“Yo ya hice lo que tenía que hacer, ya no haré nada más, ¿Qué podría hacer? La última vez que fui a la fiscalía dijeron que iban a investigar y fue todo. Respecto a las propiedades no dijeron nada. Ya no tengo dinero para moverme, me enfermé y fui a dar al hospital por tanto problema. Me siento muy mal porque tenemos un gobierno que no nos atiende, a pesar de las injusticias que la gente hizo y nosotros no poder hacer nada. En Morelos las autoridades están cerquita del lugar donde ocurrió todo y no hacen nada. Me siento muy decepcionada”, asegura “Guadalupe”, una de las afectadas.
A decir de la entrevistada, la mayoría de los afectados se fue a Baborigame donde permanecieron un tiempo, luego se marcharon y ahora no se sabe dónde quedaron. Las 56 personas de las comunidades Santa Cruz, Puerto Amarillo, Los Ángeles, Sahuárare y Sitárachi siguen huyendo mientras los agresores viven en sus casas.
Los quejosos aseguran que la policía sabe quiénes son los agresores porque cuentan con una lista personas involucradas, sin embargo, a lo más que han llegado es a llevarle un médico para que verificara sus condiciones de salud.
“En julio hubo una reunión en Guadalupe y Calvo con nosotros, pero solo llevaron un médico para que nos atendiera. Teníamos la esperanza de regresar a nuestra tierra. Ahora ya no sabemos qué va a pasar
Tras el asesinato de Raúl Chávez Palma, los grupos criminales los obligaron a huir del lugar para, posteriormente quemar las casas, saquear la escuela y matar animales domésticos. Según los afectados, los agresores son personas (hombres y mujeres) dedicadas a la siembra y trasiego de droga y su intención es amedrentar y correr a la gente del lugar para quedarse con la tierra y poder darle otro uso, con el cual los ahora expulsados no estaban de acuerdo.
Estos eventos quedaron registrados por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (Cmdpdh) que advierte un incremento en el desplazamiento interno durante 2021 ya que, de enero a septiembre pasado, estima que 36,272 personas en el país se han visto obligadas a huir de su lugar de residencia por alguna situación de inseguridad; un alza de 384.5% en comparación con el mismo periodo del año anterior (7,486 casos).
Según la organización, entre los episodios de desplazamiento internos que más destacan y que son a causa de la violencia, están los ocurridos en estados como Chiapas, Michoacán, Chihuahua y Zacatecas.
“En Chihuahua, 56 personas de las localidades de Santa Cruz, Puerto Amarillo, y Los Ángeles, en el municipio de Morelos, y de Sahuare y Sitanachi, en el municipio de Guadalupe y Calvo, fueron violentamente desplazadas por un grupo armado tras el asesinato de un familiar y agresiones directas como el robo de pertenencias, la quema de sus casas y agresiones sexuales”.
Entre 2006 y junio de 2020, la CNDH registró 21 expedientes de queja, emitió 7 recomendaciones y solicitó 17 medidas cautelares relacionadas con situaciones de desplazamiento interno forzado en México.
Las quejas recibidas por la CNDH corresponden a episodios de desplazamiento forzado en ocho entidades federativas: Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Sinaloa y Tabasco. Entre las causas que generaron el desplazamiento interno forzado se registran: conflictos por tierra, desalojos forzados, daños causados por proyectos de desarrollo, conflictos armados, conflictos comunitarios, ataques paramilitares y violencia generada por agentes del Estado y por grupos criminales.
Las recomendaciones se refieren a casos de desplazamiento tanto de personas como de comunidades en los estados de Jalisco, Oaxaca, Sinaloa, Chiapas, Baja California Sur y Chihuahua.