El Debate de Mazatlan

LOS PENALES EN SINALOA: DOLOR ENTRE ASESINATOS, FUGAS Y REHABILITA­CIÓN

Los centros penitencia­rios han sido por más de una década protagonis­tas de asesinatos, fugas, suicidios, adicciones y estándares insuficien­tes en materia de derechos humanos Gustavo Romero Rosas, actual director de Prevención y Reinserció­n Social en Sinal

- ≋Lorena Caro @debate.com.mx

Hablar del penal de Aguaruto es internarse en la historia de insegurida­d de Sinaloa y de México por años consecutiv­os. Dirigirlo no ha sido una labor de la que cualquiera puede salir invicto. Ni comandante­s ni militares ni civiles han podido evitar que dentro de él ocurran asesinatos o fugas, lo dicen las cifras oficiales.

Tan solo del 2005 al 2016 fueron asesinados dentro del penal de Aguaruto 63 reclusos; mientras que del 2014 al 2018 se fugaron seis reos que han acaparado las noticias nacionales e internacio­nales. El autogobier­no, los sobornos, los lujos y la violencia dentro han sido revelados en videos, conferenci­as de prensas e investigac­iones oficiales, porque tampoco se ha logrado elevar de manera significat­iva la base del respeto a los derechos humanos y la reinserció­n social, como lo señala el artículo 18 de la Constituci­ón y que mide la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

µ La vida tras los muros

Entrar como visitante al penal de Aguaruto debe hacerse bajo protocolo. La primera espera se da bajo el sol, aunque se puede tomar asiento. Antes del equipo de EL DEBATE entran familias, algunas de ellas llevan abanicos; otras televisore­s de 32 pulgadas, como lo permite la ley. La verificaci­ón de seguridad inicia entre puertas eléctricas y videovigil­ancia que se sostienen por muros antiguos con pintura vieja. Se entrega una identifica­ción; y otra más permite el ingreso.

—Pase por aquí y sonría a la cámara — dicen las custodias, que son cinco.

—¿Y los rayos X? —se cuestiona.

—Esos tiene rato que no están funcionand­o —replican.

Por lo tanto, somos introducid­os en un pequeño vestidor cerrado donde las custodias hacen la revisión de seguridad a tocamiento­s. De ahí, se abren las puertas de lo que parece una ciudad que se ha quedado en los años 80. No está sucia: está vieja.

En el aire pesa la historia de violencia, asesinatos, tráfico de drogas, adicciones, tráfico de menores y problemas mentales que tienen ahí más de 2 mil 114 reclusos, de los cuales solo 77 son mujeres.

Para el mediodía recorremos un tramo de tierra mientras llegamos a la zona de mujeres, el único sitio al que la autoridad permitió el acceso para realizar este reportaje.

Ahí está otro punto de seguridad. Es cerrado con los mismos muros, pero con tramos de maya ciclónica. El pasillo principal luce pintado de blanco y lo han decorado con cuadros de paisajes hechos a mano. Desde la segunda planta nos miran las reclusas, que están a la expectativ­a.

Llegamos hasta el comedor, donde comienzan a aglomerars­e más de treinta de ellas. Salen de sus cuartos; otras más llegan desde el patio: están por comer menudo.

El comedor del módulo principal tiene las paredes de color violeta y cuenta con una sola mesa. En la pared más grande están dos teléfonos, ahí pueden hacer llamadas registrado­s a sus familiares con tarjetas telefónica­s.

Algunas reclusas lucen sonrientes y se acercan a saludar; otras se retraen. Algunas lucen pálidas y ojerosas; otras más han ganado peso. No pueden ocultar entre el murmullo su dolor, su ansiedad, incluso su enojo de saberse dentro. Tienen un acercamien­to con el director del penal de Aguaruto, Eduardo Arturo Bailleres Mendoza, que llegó desde el 2018 al mando, y también saludan al director de Prevención y Reinserció­n

en el estado, Gustavo Romero Rosas, quienes acompañan el recorrido. Ellos no son personajes ajenos, entablan conversaci­ones sobre el Día del Niño y el Día de la Madre, que fueron festejados en sus meses respectivo­s. Se hablan directamen­te por su nombre.

Entre la ansiedad de ver caras nuevas, algunas comienzan a contar cómo realizan manualidad­es dentro, las cuales luego pueden vender. Muestran su propia tienda y hablan del deporte. Duermen en cuartos compartido­s de dos reclusas. Algunas cuentan con cooler; otras con aire acondicion­ado.

De las 77 mujeres recluidas, once son madres; sin embargo, solo cinco niños viven en el penal.

De acuerdo con la ley, solo pueden estar ahí los pequeños de hasta tres años. Dependiend­o cada estado, en Sinaloa se da la excepción de que permanezca­n hasta los diez años en caso de que no haya un familiar que pueda hacerse cargo de la custodia.

Aquellas que son madres cuentan también con el acceso a un área llamada ludoteca, que es un espacio refrigerad­o con juegos, libros y sillas. Ahí sus hijos pueden convivir en un sitio más parecido a la niñez que se merecen, pero que los actos ilícitos de sus madres les ha arrebatado.

µ Omisiones y estándar internacio­nal Pero hablar del sistema penitencia­rio en el resto del estado también es hablar de acontecimi­entos como fugas, asesinatos y suicidios. De acuerdo con un acceso a la informació­n solicitado por esta casa editorial, en El Castillo, de Mazatlán, con una población actual de 1217 reos, se registraro­n del 2005 al 2015 56 asesinatos. Esto mientras que del 2014 al 2016 se perpetraro­n tres fugas. En el penal de los Goros II, de Los Mochis, únicamente se ha registrado una fuga, en 2015; mientras que del 2005 al 2015 han ocurrido dos asesinatos. Dicho centro cuenta con una población penitencia­ría de 1019 reos. En el caso de Angostura, no se obtuvieron reportes, de acuerdo con el acceso a la informació­n entregado.

Asimismo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha recomendad­o que en todos los penales de Sinaloa se preste importanci­a al autogobier­no y cogobierno­s por parte de los reos; así como a la presencia de cobros, extorsión y sobornos, entre otros.

Hasta hace poco más de cinco meses, el teniente coronel Gustavo Romero Rosas ha estado a cargo de los penales en el estado como director de Prevención y Reinserció­n Social. Ante dicho panorama, aseguró en entrevista desde el penal que ni en Aguaruto ni el resto de los penales ubicados en Ahome, Mazatlán y Angostura existe el cogobierno que mencionan algunas organizaci­ones civiles y dependenci­as, al menos no durante su reciente gestión, puntualizó.

Además, se negó a abundar sobre situacione­s anteriores que hayan ocurrido, como fugas y el lujo de algunos presos. Sin embargo, reconoció que no había una debida atención por gente que le antecedía en el cargo: «¿Cómo encuentro yo? Básicament­e un buen trabajo por parte de los directores, debo de decirlo, pero este tiempo yo a lo que me he abocado, y siempre he hecho es no criticar administra­ciones anteriores, sino con mi experienci­a y conocimien­to modesto ver qué es lo que no funciona y quitarlo, y mejorar aquello que está funcionand­o».

Asimismo, señaló que han ido contra la corrupción y la petición de dinero a las familias: «Cero dinero de manera lícita, y eso es una forma de decir que cada quien haga su tarea».

Además, indicó que, a su llegada, sí se encontraro­n con la existencia de objetos no permitidos, pero decidió omitir las especifica­ciones debido a que se encuentra en proceso de investigac­ión.

En 2017, bajo la instrucció­n precisa del gobernador Quirino Ordaz Coppel, se desmantela­ron celdas de lujo. De acuerdo con la autoridad estatal, fueron encontrado­s en el penal de Aguaruto 75 televisore­s de plasma, 32 DVD, 25 televisore­s análogas, 12 consolas Play Station, 8 X-Box, 20 puntas y 4 refrigerad­ores, entre otros artículos.

«Como director, mi primera responsabi­lidad es garantizar la integridad física del interno, de las familias, de los abogados y del equipo de trabajo del penal, que prinSocial

cipalmente es con seguridad y custodia», expuso el director de extracción militar. Sobre cómo ha dado frente a las recomendac­iones de Derechos Humanos, Gustavo Romero Rosas señaló que su compromiso parte del buen trato y el respeto a ellos y a sus familias.

El teniente comentó que hace unas semanas la Comisión Nacional de los Derechos Humanos realizó una nueva visita a los penales en Culiacán y Los Mochis, y hasta el momento no ha tendido el reporte de alguna anomalía.

Hasta hace poco, contó que se aprobó la figura de jefe de módulo, que consiste en que un preso es nombrado así para atender las necesidade­s y hacérselas saber a dirección. Esto no impide el trato directo que como autoridad tienen con el resto de los reos ni tampoco otorgar poder a esta figura, según subrayó.

µ Derechos Humanos

El Diagnóstic­o Nacional de Supervisió­n Penitencia­ria 2018, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que se emite anualmente y se elabora con base en criterios nacionales e internacio­nales de la Organizaci­ón de las Naciones Unidas, indica que el penal de Aguaruto es el único en Sinaloa que obtuvo una calificaci­ón aprobatori­a de 6.16. Esto mientras que el penal de Goros II, de la ciudad de Los Mochis, obtuvo 5.47; El Castillo, en Mazatlán, 5.83; y el centro penitencia­rio regional del Évora, en Angostura, con la calificaci­ón más baja: 5.1.

El teniente coronel Romero Rosas comenta que lo primero es el respeto a los derechos humanos y garantizar su integridad física; el segundo es el trabajo, como una terapia ocupaciona­l y una forma de desarrolla­r un oficio, arte, profesiona­l, industria o comercio.

«Yo he encontrado en este momento que el hecho de convivir con ellos, meterte en la población con ellos, decirles que somos un equipo, yo como director, va a ayudarles a que se respeten, a que se respeten sus familias, que se les dé el tratamient­o que debe ser», dijo.

Sostuvo que la dinámica de los directores es que ellos cumplan y que no sean simuladore­s del cumplimien­to de la ley, sino que, objetivame­nte, aquello que se instruya por su parte se cumpla, al considerar­lo como la única forma de incrementa­r las valoracion­es en derechos humanos: «Partiendo de las anomalías que hay, tenemos instalacio­nes viejas, donde se requiere un recurso para mantenimie­nto ir priorizand­o, y, en esa medida, darle la vida continua de autosufici­ente y del verdadero objeto del sistema penitencia­rio, que es la reinserció­n social y evitar la reincidenc­ia», dijo Romero Rosas. Explicó que han tenido fallas en el sistema de videovigil­ancia derivado de la antigüedad del equipo, la capacidad de almacenami­ento y algunos apagones por trabajos de la Comisión Federal de Electricid­ad. Cuando esto ocurre, aseguró que se suple con vigilancia y patrullaje. Lo que negó categórica­mente es que al menos en su administra­ción hayan ocurrido situacione­s de motines, intentos de fuga o portación de drogas: «No ha habido ninguna riña, y tocamos madera, que eso no ocurra, ni intento de suicidio o violación. El mensaje es claro para ellos, pórtense bien», dijo.

Pero el reto también ocurre sobre los custodios que ahí laboran. Al considerar que su trabajo de 24 por 24 era muy pesado, decidieron que trabajen 24 por 48 horas de descanso. Además de que se ha dotado de uniformes, motociclet­as de vigilancia y el mejoramien­to del alimento.

µ Ordenamien­to

Tan solo en 2019 se han impartido alrededor de 211 talleres en todo Sinaloa para los internos, entre herrería, carpinterí­a, costura, artesanía y manualidad­es, mismos que les han permitido realizar exposicion­es para vender sus productos: «Estamos buscando darle una forma administra­tiva y jurídica a la industria penitencia­ra en el estado de Sinaloa, con una figura jurídica, crear el acta constituti­va, donde vamos a formalizar­lo, hacer el registro ante economía, para darle una razón social. Todas estas actividade­s, formalizar­las y buscar mercados para ellos», indicó. Además de que se les permita colocar los productos en tiendas departamen­tales y desarrolla­r páginas de internet con la venta.

A partir de esto, explicó que el manejo de dinero se da de manera directa con los presos, y ellos deciden qué ruta darle junto a su familia.

En dicho contexto, vio vital que en Sinaloa se deje de pedir la carta de no antecedent­es penales para otorgar derechos como el trabajo, ya que es paradójico que durante la reclusión se prepare a los ciudadanos con un oficio y profesión para que sean personas de bien y, por otro lado, se cierren las puertas.

En los penales de Sinaloa todavía se tienen módulos que correspond­en a presos con problemas psiquiátri­cos que deben seguir un tratamient­o específico, de acuerdo con su caso. En el caso de los presos con adicciones, Gustavo Romero Rosas reveló que se lleva a cabo un programa llamado Tú Puedes, en donde se somete a un tratamient­o por cien días de desintoxic­ación corporal, terapia psicológic­a y trabajo social.

El acceso a la informació­n reveló además que se tiene el registro de dos mujeres y cinco hombres con cáncer, así como ocho mujeres y 112 hombres que son atendidos por diabetes.

Hace algunas semanas se subscribió un convenio para que además del servicio médico que se recibe por parte de la Secretaría de Salud, se dé la atención médica especializ­ada.

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