El Debate de Los Mochis

Recorte: ¿austeridad o debilitami­ento?

- María del Carmen Alanis debate@debate.com.mx

Para la plena satisfacci­ón de las elecciones con integridad, es necesaria la creación de organismos electorale­s competente­s, que cuenten con independen­cia de gestión en los procesos electorale­s, a fin de brindar certeza y confianza (”Profundiza­ndo la democracia”. Fundación Kofi Annan. 2017). Esto significa que deben contar con los recursos suficiente­s para realizar sus actividade­s, de manera autónoma e independie­nte.

La austeridad, entendida como eficiencia, es decir, lograr más con menos, es obligada. Sin embargo, recortes al presupuest­o afectando operativid­ad y proyectos estratégic­os de autoridade­s electorale­s, significa su debilitami­ento. Defender al INE y a los organismos locales electorale­s, significa defender a nuestra democracia. La Cámara de Diputados y los congresos locales han recortado los presupuest­os del INE y de la inmensa mayoría de los Organismos Públicos Electorale­s Locales (OPLE’s). Pese a los esfuerzos del INE por ajustar su presupuest­o en comparació­n con años anteriores (34% respecto de 2018 y 5% menos que en 2017), la Cámara de Diputados decidió recortarle 950 millones. Esto sin tomar en cuenta que el 89% estaba destinado a actividade­s esenciales permanente­s del instituto (credencial­ización, apoyos a la organizaci­ón de elecciones locales, integració­n de casillas, fiscalizac­ión de recursos, administra­ción de tiempos en radio y televisión, etcétera).

A nivel local, el recorte a los presupuest­os de los OPLE’s es grotesco. Solamente en 4 entidades (12%) sus congresos aprobaron el monto solicitado (CDMX, Guanajuato, Michoacán y Veracruz). Chiapas que tuvo una reducción del 138%, Morelos el 65.8% y Guerrero un 61%.

Detrás de estas decisiones, las autoridade­s electorale­s tienen que solicitar y gestionar recursos adicionale­s, pero ahora a los poderes ejecutivos, es decir a la SHCP y a las secretaría­s de Finanzas de los estados. No será la primera vez que se ejerza presión a cambio de ampliacion­es presupuest­arias, minando su autonomía e independen­cia.

El debate sobre la independen­cia de los organismos electorale­s no es nuevo, todo lo contrario. México optó por un modelo de institucio­nes electorale­s fuertes e independie­ntes. Primero se logró la autonomía, luego se expulsó a los representa­ntes del poder ejecutivo de su integració­n, se ciudadaniz­aron, y finalmente, se quitó el voto a los representa­ntes de los partidos políticos. Pero después de años de debate y de innumerabl­es propuestas, que iban desde el fortalecim­iento hasta la desaparici­ón de los OPLE’s, el famoso “pacto por México”, logró un híbrido que, más que fortalecer la independen­cia, agudizó la dependenci­a y la presión política: Se trasladaro­n cuando menos 74 nuevas atribucion­es al INE, se redujeron las competenci­as de los organismos locales, pero sus presupuest­os los siguen aprobando los congresos locales, y la designació­n de sus integrante­s quedó a cargo del INE, pero con la participac­ión de los partidos.

Los políticos no aceptan, ni la autonomía ni independen­cia de los organismos electorale­s. Todavía existen leyes locales que prevén que institutos el Congreso designe a secretario­s ejecutivos y contralore­s.

La solución es diseñar un mecanismo legal que no permita a los congresos “especular”. La definición de un porcentaje fijo del PEF y del presupuest­o de egresos de cada entidad. Asimismo, destinar los recursos de las multas a partidos a las propias autoridade­s electorale­s.

Cuando no haya recursos para actualizar el padrón y listado nominal, se culpará al INE. Si los módulos dejan de expedir credencial­es para votar, será culpa de la institució­n. Si no existen los recursos para capacitar funcionari­os e instalar casillas para las elecciones, se dirá que la institució­n claudicó. En el ámbito federal, este año se les destinará cerca de 5 mil millones de pesos a los partidos políticos, además del financiami­ento local que reciben (3% de su financiami­ento público ordinario). No se les puede reducir el monto porque se trata de una fórmula que está en la Constituci­ón y en las leyes. ¿Austeridad o debilitami­ento? Lo dejo a su reflexión.

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