LA DEFENSA DEL REAJUSTE AL PEE SINALOA
Sectores que resultarían afectados con las observaciones del gobernador Quirino Ordaz Coppel a la reasignación aprobada por los diputados de Morena y del PAS piden que no se olviden sus causas La UAS y el SNTE 27 guardan silencio ante la resolución del m
Tras las observaciones que el gobernador del estado de Sinaloa hizo llegar al Congreso local en torno a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para Sinaloa 2019, en particular a las reasignaciones de mil 663 millones 78 mil 986 pesos, los sectores contemplados en la redistribución de esos recursos se han pronunciado en defensa de la reserva.
Representantes del movimiento Somos más que 53 anunciaron que mantendrán la petición, confiando en que los legisladores locales de Morena y del PAS protegerán los 600 millones de pesos en beneficio de profesores jubilados, al igual que el Sindicato Nacional de Trabajadores al Servicio de la Secretaría de Salud en la entidad, que mantiene esperanzas de una negociación por los 600 millones de pesos que se habrían reasignado. La situación es diferente para el caso de la construcción del Centro de Justicia Penal de Guasave, que recibiría 100 millones de pesos. En este caso, la Federación de Abogados de Sinaloa prefiere que el recurso sea gestionado ante el Gobierno federal; mientras que por los 150 millones de pesos para la UAS y otros 150 millones de pesos para la Secretaría del SNTE 27 Sinaloa sus dirigentes prefirieron callar al respecto.
A capa y espada
Mantener el dedo en el renglón sin claudicar, pese a los argumentos apoyados con recursos de ley en el veto del mandatario estatal, es el lineamiento que seguirán a partir de ahora y hasta que se resuelva su situación los más de 8 mil docentes jubilados y pensionados en la entidad pertenecientes a la Sección 53 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, apuntó Teodosio Joel Fausto García.
El representante del movimiento Somos más que 53 dijo que el Programa de Vivienda de Issstesin, con 400 millones de pesos reasignados, es una causa que merece la atención del Ejecutivo estatal, junto al adeudo para el que fueron dotados por los diputados 200 millones de pesos: «Es un derecho que no nos habían hecho valer de toda la vida. El gobernador es una persona inhumana porque él sí tiene facultades de mover el presupuesto y adjudicarlo a los rubros que él desea. Además, de los ingresos propios del estado nunca rinde cuentas tampoco, y lo bien que alcanza para hacer otras cosas que para él son prioridad, como la construcción de caminos, carreteras, estadios, que para la población no llevamos ningún beneficio, el beneficio lo llevan nada más los empresarios, y se está olvidando de la clase más vulnerable», expresó.
Indicó que confiarán en la promesa hecha por parte de los legisladores locales de Morena, esperando que defiendan el reajuste hasta las últimas consecuencias; de lo contrario, tomarán otras medidas de presión ante el gobierno de Ordaz Coppel: «Nosotros, que ya estamos jubilados, somos un desecho para ellos, para la sociedad y para el Gobierno, cuando dimos gran parte de nuestra vida al servicio educativo. Por supuesto que no vamos a quitar el dedo del renglón. Si algo no sale como se nos prometió, vamos a tomar medidas radicales», subrayó, asegurando que, previamente, no hubo respaldo para llevar el tema al Congreso de la Unión.
La otra alternativa
En el caso de los trabajadores que pugnan por compensaciones salariales en la Secretaría de Salud, Arcelia Prado Estrada reveló que buscarán ahora también la atención de la federación. La lideresa del Sindicato de Trabajadores del sector de la salud en Sinaloa reconoció que las observaciones están sustentadas sobre una base legal que imposibilita el manejo de recursos etiquetados por el Gobierno federal, por
lo que dirigirán sus peticiones al propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, confiando en el surgimiento de un programa nacional que busque beneficiar a los trabajadores en dicha institución, garantizando derechos, como la homologación salarial que se pretende en la entidad: «Se tiene que revisar eso porque aquí son casi 2 mil 500 trabajadores precarios, y aquí en lo pendiente para la formalización de esa gente se tiene que revisar un presupuesto federal. Sabemos que es meterle más carga al Gobierno del
Estado. Hay que darles la seguridad, nivelarles un poco el tabulador», opinó.
Prado Estrada informó que la causa ya ha sido tomada por el propio dirigente nacional, Joel
Ayala Almeida, y puesta sobre la mesa con el mandatario federal, en donde contemplan 70 mil trabajadores de todas las entidades.
Los detalles
El Centro de Justicia Penal es una de las obras que durante los últimos años ha sido buscada para el municipio de Guasave; sin embargo, no tendría caso si se impugna judicialmente ese presupuesto, señaló el presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa, Luis Roberto Sánchez Inzunza, al referirse a los 100 millones de pesos que el Congreso local reasignó para la obra, siendo posteriormente observados por
«Si no sale algo como se nos prometió, vamos a tomar medidas radicales»
Teodosio Fausto Somos más que 53
«Aquí en lo pendiente para esa gente se tiene que revisar un presupuesto federal»
Arcelia Prado Sindicato de SSA
el Ejecutivo estatal: «Hemos sido de los principales encabezadores [sic] de esa lucha por ese circuito judicial en Guasave; sin embargo, en lo que no estamos de acuerdo es en la forma de bajar esos recursos. No hay un estudio en donde se haya puesto a consideración un proyecto. Se asignan cien millones, pero no se explica quién lo ejercerá. No tendría caso si se impugna judicialmente ese presupuesto», declaró Sánchez Inzunza.
Sostuvo que, más que recursos, la obra requiere voluntad política, pues no iniciaría de cero al contar ya con un centro penitenciario en el municipio para su acondicionamiento.
La propuesta original
Ni los 400 millones de pesos del Programa de Vivienda de Issstesin, así como la cobertura de adeudos de jubilados de la Sección 53 del SNTE de 200 millones de pesos, tampoco la homologación salarial de los trabajadores del sector de la salud del estado de Sinaloa por concepto de 600 millones de pesos y ni siquiera la construcción del Centro de Justicia Penal en Guasave estaban contemplados en la propuesta inicial del Gobierno del Estado. Tampoco había sido contemplado por el Ejecutivo el Programa de Homologación de Aguinaldo de la Sección 27 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación con los 150 millones de pesos que le fueron destinados, y la Universidad Autónoma de Sinaloa originalmente tenía presupuestados diez millones de pesos, sin contemplar el apartado adicionado por la legislatura en los excedentes. El apartado ya en la reasignación le da a la máxima casa de estudios de la entidad 40 millones más y la posibilidad de aspirar a 150 millones de pesos en medio del margen de ingresos en la entidad.