Concentrar dinero y poder
El proceso democrático en México no solo se ha dado en las urnas y en las elecciones.
Las formas de organización de la administración pública, tanto del gobierno federal como de las autoridades estatales y municipales, han registrado avances que podemos asociar con la intensa participación política y la llegada de los gobiernos de alternancia partidista.
Modernizar el gobierno pasaba por fortalecer a las administraciones de las 32 entidades federativas. Los primeros signos se dieron conjuntamente con la reforma electoral de la década de 1970.
Hace casi 50 años, desde la presidencia de la república, se inició la descentralización de funciones y atribuciones hacia los estados de la federación.
Eran los tiempos en que las entidades federativas apenas contaban con recursos presupuestales propios para realizar cualquier obra o proporcionar los más elementales servicios a la ciudadanía.
Y de los municipios, mejor ni hablar. La Ley de Coordinación Fiscal de 1979 estableció las reglas para dividir la recaudación del IVA y del ISR (Impuesto sobre la Renta) entre el gobierno federal y los estados, junto con la fórmula de participación en los ingresos petroleros.
Entonces se abrió la llave por la que fluyeron recursos en magnitud impensable apenas unos años atrás, aunque claramente insuficientes ante las necesidades de la población.
Años después, se intensificó la transferencia de instalaciones y recursos presupuestales desde el gobierno federal hacia las administraciones estatales. El sector Salud fue uno de los primeros, seguido por el de Educación a mediados de la década de 1980.
Más adelante, en 1997, junto con la pérdida de la mayoría absoluta del PRI en la Cámara de Diputados, se dio el establecimiento de un nuevo ramo presupuestal, el 33, que garantizaba la transferencia de fondos federales a los estados para la ejecución de obras de infraestructura, para servicios educativos, de salud y seguridad pública, entre otros.
Hago un paréntesis para una aclaración: los recursos presupuestales transferidos a Yucatán o a cualquier otro estado de la república vía participaciones en ingresos federales, programas como el de Adultos Mayores, Becas, etc., no son un regalo del gobierno, menos del presidente de la república en turno, sino parte de lo que legítimamente nos corresponde por formar parte de una federación.
La mayoría de edad ciudadana se adquiere cuando ejercitamos ese derecho con plena convicción y cuando demandamos transparencia en la información de cómo se gastaron los recursos públicos.
Hasta 2018, estados y municipios recibieron fondos para ejecución de proyectos de todo tipo. A partir del primer año de la administración que está por concluir, comenzaron los recortes: desaparecieron los fondos para proyectos del ramo 28; el ramo 33 y sus programas se vieron severamente disminuidos y los recursos para Seguridad de plano se extinguieron.
Como si fuera una gigantesca aspiradora de dinero, el gobierno lopezobradorista “succionó” recursos de los fideicomisos, incluyendo Fonden, de los fondos como el de Gastos Catastróficos en materia de Salud, por citar dos de los más cuantiosos.
Los ahorros presupuestales guardados 15 años para equilibrar la recaudación cuando descendía por diversas circunstancias, también fueron utilizados. ¿En qué? Elija, amig@ lector/a el que prefiera: Dos Bocas, Tren Maya, aeropuerto Felipe Ángeles, etc.
Criminal ha sido el saqueo —no hallo otra palabra— de los fideicomisos de Salud, del dinero que vía el Seguro Popular, se había acumulado para garantizar la atención de enfermedades catastróficas a la población que carece de IMSS o de Issste.
El fracaso del Insabi llevó al presidente López Obrador a instruir la utilización del esquema de salud IMSS-Bienestar para atender a quienes el Insabi no pudo cubrir. Las cifras son aterradoras: de 54 millones de personas atendidas por el Seguro Popular en 2018, descendieron 20 millones en esta administración. Las familias más pobres no tienen nada: ni hospital, ni médico, ni medicinas.
“Lloviendo sobre mojado”, en estos seis meses que le restan a la actual administración, los 23 gobiernos estatales morenistas accedieron a entregar instalaciones estatales —hospitales, centros de salud— al IMSS-Bienestar, además de los fondos que les corresponden vía ramo 33, el Fondo para las Aportaciones a los Servicios de Salud (Fassa).
Para darnos una idea de la dimensión, el Estado de México transferirá más de 14 mil millones a esta nueva estructura administrativa. En la parte federal, ya traspasaron hospitales generales de la muy menguada secretaría de Salud, los de Alta Especialidad, como el de Mérida. Ahora van por centros hospitalarios como el O’Horán, el Materno-Infantil, por citar dos ejemplos yucatecos.
IMSS Bienestar viene de lejos, desde que se llamaba Coplamar en 1975. Después, fue Solidaridad, Oportunidades, Prospera en los distintos gobiernos, siempre para atender a la población en situación de pobreza, sin acceso a ningún tipo de atención a su salud. Sus recursos provenían del presupuesto federal y de las aportaciones financieras vía Seguro Popular, que desapareció en 2020.
Ahora, como si fuera una frágil rama del árbol del IMSS, se le “carga” la enorme responsabilidad de atender a toda la población desprotegida por la desaparición del Seguro Popular. Por eso, da escalofríos escuchar al candidato a la gubernatura de Morena comprometer la entrega de la infraestructura de salud y el dinero de los yucatecos a la nueva aventura del IMSS Bienestar. En estas mismas páginas el Dr. Edgardo Arredondo explicó con claridad las consecuencias de tamaña desmesura.
El afán de concentrar poder y dinero en la presidencia de la república no para ahí. Recientemente, la mayoría morenista en la Cámara de Diputados modificó la Ley de Protección Civil para que los estados se hagan cargo de la atención de las emergencias producto de desastres (huracanes, inundaciones, incendios, terremotos, etc.) y de la reconstrucción. Como diría mi abuelita, “¿con qué ojos, divino tuerto?”
Cuando se viven retrocesos como los actuales, no se limitan solo a una parte, como podría ser los procesos electorales. Afectan a la convivencia en su conjunto. Por eso, cuando revisemos las propuestas de candidato/as a la presidencia y al gobierno del estado fijémonos en sus posiciones sobre el federalismo, el respeto a la iniciativa de los gobiernos estatales y municipales así como de la ciudadanía, que desde cada entidad de la república quiere participar activamente en las definiciones sobre su destino común.
Como en otros temas, la disyuntiva está entre la centralización y la concentración del poder y los recursos de todo tipo en la presidencia de la república o retomar el camino hacia una efectiva participación popular en el marco de un federalismo moderno.— Mérida, Yucatán.