MESAS DE SEGURIDAD: EL CONTROL DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Uno de los términos más manoseados en los últimos años en la política mexicana es el de la participación ciudadana. Manoseado y atacado desde Palacio Nacional por el presidente Andrés Manuel López Obrador que ha cuestionado a los organismos descentralizados como el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y en su momento en el sexenio canceló los apoyos que se daban para guarderías porque quería entregarlos directamente.
Pero también manoseado y manipulado desde el gobierno estatal, por ejemplo en el tema de las mesas de seguridad que justo hace 2 años planteaba el gobernador Diego Sinhue Rodríguez: controlar desde el poder las mesas de seguridad en los municipios y quitar el papel de interlocución que llegaron a tener con el poder político, sobre todo la que operó en León hace varios años.
En enero de ese año, en Celaya, Rodríguez Vallejo había lanzado algunas indirectas, dirigidas al exasesor estrella del municipio de León, Bernardo León Olea en el primer trienio de Héctor López Santillana.
Expuso entonces que su gobierno entendió que los problemas de inseguridad no se resolvían con soluciones mágicas ni proyectos de personajes que venden espejitos.
No hubo otro personaje que haya sido tan cotizado y contratado en el estado como León Olea. En algún momento, cuando ya estaba contratado para León, el exalcalde de Irapuato Ricardo Ortiz, lo quiso reclutar para asesorar a su municipio.
Bernardo León se ganó la animadversión de Rodríguez Vallejo cuando rechazó una invitación para participar en su gobierno. Recordemos los tiempos de gloria de la Mesa de Seguridad de León.
Cuando la empujaban los empresarios (entre otros el ahora síndico panista, José Arturo Sánchez Castellanos) junto a Rocío Naveja y Luis Alberto Ramos que se convirtieron en un dolor de cabeza para el entonces alcalde Héctor López Santillana, pero también para el fiscal Carlos Zamarripa y para el secretario de Seguridad, Álvar Cabeza de Vaca.
Fue en esos tiempos y en esa mesa en la que se incubaron los pleitos de los 2 funcionarios estrellas del gabinete de seguridad dieguista con el propio Sánchez Castellanos que era presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León y apoyaba el modelo de Bernardo León que tenía como eje o ancla el fomento de la cultura de la denuncia y que la Policía municipal fuera la receptora de las mismas.
Finalmente, el modelo fracasó en la medida en que los que lo implementaron, Luis Enrique Ramírez Saldaña y compañía cometieron errores, excesos y presuntas irregularidades.
Cuando Rodríguez Vallejo hablaba de "reordenar" la Mesa de León, se refería a quitarle el perfil beligerante y de contrapeso de la autoridad lo cual finalmente se logró. Al menos, el nivel de contrapeso que llegó a tener.
Vino la creación de las Mesas de Irapuato y Celaya, aunque en realidad no eran mesas ciudadanas porque su nacimiento se dio al amparo, cuidado y vigilancia del poder político.
En sus tiempos de gran auge, la Mesa de Seguridad en León convocaba a funcionarios y se presentaban análisis y resultados que incomodaban a la autoridad.
En Guanajuato, se creó también el consejo estatal de Seguridad, un grupo cerrado de 10 personas en el que destaca la presencia de empresarios que se reúnen cada determinado tiempo a puerta cerrada y que ofrece como producto un boletín con un resumen de los temas tratados.
En Guanajuato y particularmente en León, participación ciudadana ha sido asociada con participación empresarial, un sector que literalmente ha monopolizado los cargos en consejos ciudadanos. No es gratuito que algunas cámaras y agrupaciones hayan mostrado abiertamente su apoyo a Xóchitl y que la 4T sea su principal cuestionador.
Una crisis que tendrá que atenderse y corregirse, empezando desde lo local.