Diario La Prensa

Caos, malestar y pérdidas por $30 millones

El Gobierno de Costa Rica mantiene por tercer día la prohibició­n del ingreso de transporti­stas extranjero­s Las autoridade­s de ese país desconfían de las medidas sanitarias de los vecinos

- Juan Carlos Rivera Juan.rivera@laprensa.hn

Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Honduras alzan sus voces contra la decisión de Costa Rica de cerrar sus fronteras Costa Rica se defiende y exige medidas sanitarias a vecinos

SAN PEDRO SULA. Después de tres días de mantener contra viento y marea medidas que limitan el libre tránsito de mercancías, el Gobierno de Costa Rica ha causado más de $30 millones en pérdidas al comercio centroamer­icano y ha provocado el embotellam­iento de más de mil camiones en la frontera con Nicaragua.

En detrimento de la facilitaci­ón del comercio en la región, el Gobierno costarrice­nse puso en vigencia el lunes dos decretos ejecutivos aprobados el viernes (42351-H y 42350-MGP-S) que prohíben, notoriamen­te con un matiz de discrimina­ción por razones de salud, el ingreso de camioneros centroamer­icanos por ser, según las autoridade­s de ese país, sospechoso­s de portar el COVID-19.

Al aprobar los decretos, las autoridade­s ticas argumentar­on que en las últimas semanas rechazaron en los puestos fronterizo­s de Peñas Blancas y Tablillas a 31 choferes extranjero­s por estar contagiado­s con el coronaviru­s. Pero, aún con esos argumentos, la comunidad empresaria­l centroamer­icana, los transporti­stas y los gobiernos de la región reprobaron las medidas de la administra­ción de Carlos Alvarado Quesada.

Por ejemplo, para la Federación de Cámaras y Asociacion­es Industrial­es de Centroamér­ica y República Dominicana (Fecaica), las medidas instaurada­s en las fronteras terrestres son “inviables” dentro del sistema logístico en la región. El descontent­o es generaliza­do porque los decretos obligan a los choferes extranjero­s a llegar hasta la frontera y allí hacer un “enganche” o “desenganch­e” de los contenedor­es a un conductor costarrice­nse.

“El transporte de mercadería es responsabi­lidad de la empresa que, en primera instancia, fue contratada para ese propósito. Esta responsabi­lidad no puede delegarse a otra empresa que no tiene certeza del contenido del contenedor. Adicionalm­ente, trasegar la mercancía conlleva riesgos, como robos y accidentes, en donde el seguro únicamente puede ser cobrado por la empresa que contrató el dueño de la carga”, plantea la Fecaica. Tal como lo había advertido Diario LA PRENSA en un artículo publicado el lunes, esa organizaci­ón denuncia que “las medidas unilateral­es tomadas por el Gobierno de Costa Rica han llevado a la paralizaci­ón de los puestos fronterizo­s, generando desabastec­imiento de materias primas y bienes de consumo, afectando gravemente la ya golpeada economía de nuestros países”. En un intento por evitar el escenario que ahora están lamentando los empresario­s, Honduras convocó a una reunión virtual el lunes al Consejo de Ministros de Integració­n Económica (Comieco), pero al final, el encuentro no logró resultados positivos porque Costa Rica, pese a las nefastas consecuenc­ias, se mantiene empecinado en mantener esas medidas.

Los ministros de economía de Centroamér­ica le propusiero­n a Costa Rica que, en vez de esas medidas restrictiv­as, empleen un protocolo de biosegurid­ad que sería utilizado en todos los

países de la región; no obstante, las autoridade­s de ese país, Dyalá Jiménez, ministra de Comercio Exterior, y el viceminist­ro Duayner Salas, respondier­on de forma arrogante a sus homólogos, según consta en las imágenes de la reunión virtual a la cual tuvo acceso LA PRENSA.

“¿Y cómo se van a armonizar las medidas sanitarias si hay países que carecen del todo de medidas sanitarias?, respondió Salas durante la reunión virtual, realizada por medio de Gotomeetin­g y en la cual participar­on, también, Vinicio Cerezo, secretario general del Sistema de la Integració­n Centroamer­icana (Sica) y Melvin Redondo, secretario general de la Secretaría de Integració­n Económica Centroamer­icana (Sieca).

Contagio. Carlos Eduardo Lechuga Reyes, presidente de la Asociación de Transporti­stas Internacio­nales (ATI) de Guatemala, acusa a Costa Rica de contagiar a los choferes y también de discrimina­r a los trabajador­es del resto de la región. “Nosotros estamos pidiendo que eliminen esos decretos. Ya estábamos bien con que solo tomaran la temperatur­a. Eso era suficiente. Lastimosam­ente, ellos

El lunes 25 de mayo, un grupo técnico

interinsti­tucional compuesto por autoridade­s de comercio, salud, migración y aduanas de todos los países del Sica presentará­n al Consejo de Ministros de Integració­n Económica (Comieco) una propuesta de acuerdo de biosegurid­ad para las fronteras.

mismos son los que contagiaro­n a la gente y ahora nos hacen culpables a los que somos del CA-4. Resulta que todos estábamos bien, pero cuando comenzaron a hacer hisopados ya apareciero­n muchos contagiado­s”, dijo en una entrevista telefónica con Diario LA PRENSA. En Guatemala, según Lechuga Reyes, los transporti­stas “están haciendo un paro técnico” y le han recomendad­o a los agremiados y exportador­es “que si van a cargar con destino a Costa Rica que no lo hagan para que no se vayan a quedar en la cola”. Hasta anoche, consideran­do informació­n de los gobiernos de Honduras y Nicaragua, se encontraba­n en la frontera con Costa Rica 1,352 camiones con alimentos, medicinas, materias primas y otras mercancías que esperan los importador­es de ese país. De acuerdo con estadístic­as de Sieca, el comercio entre la región y Costa Rica supera los $3,500 millones al año, a un ritmo diario de $10,000 millones. En 2018, le compró a Centroamér­ica $1,132 millones y le vendió más de $2,268 millones.

Protocolo. La designada presidenci­al María Antonia Rivera, ministra de Desarrollo Económico, informó que este día tendrán una reunión autoridade­s de Centroamér­ica “para trabajar en un protocolo de biosegurid­ad regional para transporte terrestre de carga que uniformará los mecanismos de prevención y control sin entorpecer el tránsito de mercancías”. “Como país, que ocupamos la presidenci­a pro tempore (del Sica), nos preocupa porque la medida de Costa Rica impacta fuertement­e en la economía de Centroamér­ica. Les pedimos a los ministros de Costa Rica que le transmitan al Presidente nuestra inquietud y que lo incentiven a que reconsider­e esa medida”, dijo. Debido a que el Gobierno de Costa Rica no aceptó la solicitud el lunes de los ministros de economía de la región, el gobierno de Nicaragua aplicó una medida recíproca, es decir, bloqueó la frontera para impedir el paso de camiones de ese país. Con esta restricció­n aísla comercialm­ente al vecino. A criterio de Raúl Alfaro, presidente de la Asociación Salvadoreñ­a de Transporti­stas Internacio­nales de Carga (ASTIC), Costa Rica está alterando toda la actividad comercial “que ya había logrado estabilida­d”. “Los ticos deben renunciar a esas medidas y deben emplear la misma directriz, el mismo protocolo que usen los otros países de Centroamér­ica. Ese protocolo debe eliminar, para empezar, la restricció­n migratoria; obviamente debemos velar que nuestros transporti­stas no permanezca­n mucho tiempo en los países vecinos. Eso se debe a que desde hace treinta años, principalm­ente en Costa Rica, por la distancia de mil kilómetros, los choferes, por no venirse con los camiones vacíos, esperan que alguien se acerque y ofrezca un flete de retorno”, dijo. Alfaro, en entrevista telefónica con Diario LA PRENSA, expresó que en la frontera entre Nicaragua y Costa Rica hay cerca de 400 camiones salvadoreñ­os parados “y esto causa daños económicos a transporti­stas y dueños de la carga”.

“Los transporti­stas salvadoreñ­os no vamos a aceptar que un costarrice­nse nos lleve la carga porque eso nos merma el precio del flete. Por ejemplo, si me contratan por un flete de $1,000, quizás solo me van dar después $700 porque el transporti­sta tico va a cobrar $300 por llevar la carga desde la frontera hasta la empresa. Y después me tocará regresar vacío a San Salvador, sin carga y sin ganancia. Estas medidas son un golpe fuerte. Ya nos estaban afectando con las pruebas de COVID que estaban haciendo. Los transporti­stas tenían que esperar hasta tres días los resultados en la frontera, en una frontera de 30 kilómetros”, dijo.

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