Por primera vez, protestas llegan hasta los barrios ricos de la capital chilena
Un tribunal de Santiago admite demanda en contra del presidente Sebastián Piñera por supuestos crímenes de lesa humanidad
SANTIAGO. Las protestas sociales llegaron ayer al centro comercial Costanera Center, la puerta de entrada al distrito financiero y las zonas acomodadas de Santiago, hasta ahora indemnes de las manifestaciones que sacuden Chile.
A dos semanas y media del estallido, cientos de personas -en su mayoría jóvenes- llegaron hasta el centro comercial más grande de Sudamérica y que alberga la torre más alta de la región, para protestar por reformas sociales y en contra del gobierno. Hubo fogatas, saqueos a una farmacia y al menos dos bancos y enfrentamientos con la policía en varios puntos cercanos al Costanera Center y el barrio de Providencia. Desde temprano, la policía había acordonado el lugar y la administración decidió cerrar las puertas después del mediodía. Locales comerciales aledaños resguardaron con madera y latones sus vitrinas y durante toda la jornada se vivió un ambiente de tensión en todo el sector que lo rodea.
“Estamos viviendo un nivel de violencia y destrucción nunca antes vistos en la comuna”, dijo la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei.
A través de mensajes anónimos en redes de sociales se convocó a trasladar durante esta jornada a los barrios ricos las protestas que se han concentrado en el centro de Santiago.
Demanda. Un tribunal admitió una demanda presentada en contra del presidente Piñera por su responsabilidad en supuestos crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la crisis social. La demanda fue interpuesta en contra del mandatario por “la responsabilidad que le cabe, en su calidad de autor, como jefe de Estado y de todos quienes resulten responsables como autores, encubridores y/o cómplices del delito de crimen de lesa humanidad”, indicó el documento presentado ante un juzgado de Santiago por abogados representantes de organizaciones de derechos humanos.
“Se admite a tramitación la querella interpuesta; remítase al Ministerio Público”, para que se inicie una investigación, indicó la resolución del juez Patricio Álvarez, que iniciará ahora la tramitación de la acción judicial. En la demanda se indica que la Policía y militares cometieron al menos nueve delitos -entre ellos homicidios, torturas, apremios ilegítimos y abusos sexuales- desde el inicio de las protestas.