Erradicación de la pobreza, seguridad humana y el desarrollo sostenible

La historia de la humanidad evidencia que la pobreza y sus condiciones coadyuvantes (como la exclusión y marginación social, la falta de empleo productivo, el analfabetismo y los bajos niveles de desarrollo humano) constituyen un atentado contra la dignidad humana que niega el pleno y eficaz disfrute de los derechos humanos y están entre las principales amenazas a la democracia, paz, libertad y al desarrollo. Sin embargo, por largo tiempo hemos carecido de un enfoque reconocido mundialmente sobre la pobreza, su impacto en la dignidad y los derechos humanos y sus efectos en la seguridad y el desarrollo.

Es hasta en los últimos años del siglo XX y los que llevamos del siglo XXI que, a ese respecto, hemos avanzado en grandes y extraordinarios acuerdos regionales y universales.

En Centroamérica, desde el año 1991, ese impacto y esa relación fueron reconocidos en varios acuerdos subregionales que comprenden las tradicionales y nuevas amenazas a la seguridad y definen un nuevo modelo de seguridad humana. Esos acuerdos caracterizan a la pobreza como amenaza a la seguridad humana de los habitantes, a la estabilidad democrática y al desarrollo sostenible de las sociedades centroamericanas; y señalan también, como amenazas, a la falta de desarrollo sostenible y de democracia, el deterioro del medio ambiente, la inseguridad de las personas y bienes, la corrupción, impunidad, violencia, delincuencia, narcoactividad, el tráfico de armas y el terrorismo.

Esas amenazas a la seguridad humana de las personas y comunidades, dentro de los Estados y entre los Estados, deben ser resueltas con una visión comprensiva e interrelacionada de todos los aspectos del desarrollo sostenible en sus manifestaciones políticas, económicas, sociales, culturales y ambientales.

En la región americana, en el 2001, se aprobó la Carta Democrática Interamericana, que inició una nueva era al reconocer el derecho de los pueblos a la democracia y al definir la organización democrática, su defensa y perfeccionamiento. La Carta reafirma que la lucha contra la pobreza es esencial para la promoción y consolidación de la democracia y constituye una responsabilidad común y compartida de los Estados.

En la Organización de las Naciones Unidas, el concepto, alcance e interés práctico de la seguridad humana se ha venido considerando también en sucesivos informes y resoluciones que permitieron llegar, en el 2012, al entendimiento universal según el cual la seguridad humana es el derecho de las personas y comunidades, en particular las vulnerables, a vivir en libertad y con dignidad, libres de la pobreza y desesperación, y que, para acceder a esa seguridad humana, es imprescindible la participación de las personas y comunidades, y el logro de respuestas intersectoriales (con énfasis en la prevención) a todas las condiciones que constituyen amenazas a la supervivencia, los medios de vida y la dignidad de las personas.

En el 2015, la ONU y sus estados miembros reafirmaron su reconocimiento de que “la erradicación de la pobreza, en todas sus formas y dimensiones, incluida la pobreza extrema, es el mayor desafío a que se enfrenta el mundo y constituye un requisito indispensable para el desarrollo sostenible”. Esa reafirmación ha sido acompañada del compromiso y determinación expresa de poner fin a la pobreza y de hacerlo de forma equilibrada e integrada con otros objetivos vinculados con derechos económicos, sociales, ambientales, civiles y políticos, mediante un plan de acción concreto conducente al crecimiento económico sostenido e inclusivo, al desarrollo social, la protección del medio ambiente, la buena gobernanza, el Estado de derecho y la protección de nuestro planeta. Ese plan de acción lo constituye la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que comprende 17 objetivos y 169 metas de carácter integrado e indivisible. La Agenda 2030 está en vigencia, en todos los Estados, desde el 1 de enero de 2016.

Esas propicias circunstancias históricas plantean la necesidad de respuestas estatales para atender la ineludible exigibilidad social de políticas, medidas y comportamientos que se traduzcan en condiciones básicas concretas de vida digna para los sectores vulnerables que viven en la angustia provocada por las necesidades y la desesperación. Ello porque los estados disponen, al fin, de las mejores oportunidades y posibilidades de cumplir su responsabilidad, con sus pueblos, de contrarrestar significativamente las causas generadoras de la pobreza y otras amenazas que vulneran profundamente la dignidad de las personas, y con ello, todos sus derechos humanos. En Honduras, el diálogo político y social por la transformación del Estado y su dedicación exclusiva al servicio del pueblo debe guiarse por el fin supremo del Estado y la sociedad que es garantizar a los habitantes el goce de la justicia, la libertad y el bienestar protegiendo, respetando y promocionando la dignidad humana de los habitantes (Arts. 1 y 59 de la Constitución de la República). De ese diálogo, que debería ser inclusivo y participativo, se espera un plan de acción hacia ese fin supremo, con objetivos racionales que entusiasmen y motiven la cohesión social y solidaridad activa de la población.

Dentro de ese plan de acción, debe asignarse atención especial a la erradicación progresiva de las causas generadoras de la pobreza y la promoción de la seguridad humana para el desarrollo sostenible de Honduras

En Honduras, el diálogo político y social (...) debe guiarse por el fin supremo del Estado y la sociedad que es garantizar el goce de la justicia, la libertad y el bienestar protegiendo, respetando y promocionando la dignidad humana