Pani y corrupción
En el transcurso de esta semana, la Unidad Investigativa de EL HERALDO reveló una serie de irregularidades al interior del Patronato Nacional de la Infancia (Pani). Una de ellas es la creación al margen de la ley de una ventanilla especial para la comercialización de ciertos números de la Lotería Menor que tienen gran demanda y que son acaparados por una presunta mafia de amigos y parientes de funcionarios del Pani. El tráfico de “estos números especiales” involucra a toda una red a nivel nacional que generaba millonarias ganancias, en detrimento de las asociaciones de vendedores que contempla la ley y de la misma institución cuyos estados financieros son alarmantes. Y es que en 2017 los gastos de operación fueron de 515.2 millones de lempiras y las ventas netas de lotería de 457.1 millones, una pérdida en la operación anual de 58.1 millones de lempiras. No obstante, se realizaron aumentos selectivos de entre 13 mil y 20 mil lempiras, entre los que se incluye a altos funcionarios del Pani, elevando la planilla mensual de empleados permanentes de 3.6 millones a 3.9 millones. Otra anomalía detectada en esa institución tiene que ver con el suministro de combustible que proviene de una gasolinera administrada por familiares de la directora del Pani. Hasta aquí la lista, no por falta de elementos sino para centrarnos en la guinda del pastel de irregularidades y arbitrariedades cometidas en un ente que surgió hace 41 años para coadyuvar con la política del Estado dirigida a la población materno infantil. Y es el hecho de que haya sido el Consejo Directivo del Patronato Nacional de la Infancia (Codipani) el que nombre una comisión especial para investigar las anomalías a lo interno de esa institución. Aun cuando fue el Codipani el que aprobó hace dos años la apertura de la “ventanilla especial” y el que meses atrás se negó a cerrar la misma cuando lo solicitó el sindicato de trabajadores. El Codipani, responsable de formular la política general de esa entidad y de supervisar su funcionamiento, no puede ser juez y parte en un proceso que se debe seguir para sanear esa institución y deducir las responsabilidades del caso. Lo correcto es que sean las más altas autoridades las que tomen cartas en el asunto, de lo contrario, el mensaje para la población será grave y desalentador: que la corrupción y la impunidad siguen de la mano