Continúan cuestionamientos a contrato de Palmerola
Diputados de la oposición dicen que hubo irregularidad al momento de aprobarse
Pese a los cuestionamientos al contrato de concesión del Aeropuerto Internacional de Palmerola, en Comayagua, que llevaron a una modificación, hay condiciones lesivas para el Estado que no cambiaron.
Una de ellas es la exoneración de impuestos de la que gozará la empresa que elaborará el proyecto, en este caso la compañía hondureña Emco S.A. de C.V. y su operador el Aeropuerto de Múnich-Franz Josef Strauss.
Este beneficio fiscal está contemplado en el decreto 30-2016 publicado el 16 de abril de este año en La Gaceta, el cual no fue modificado ni sometido a discusión en la cámara legislativa.
El artículo 1 de este decreto declara la exoneración de impuestos a los proyectos Centro Cívico Gubernamental (CCG) y Aeropuerto Internacional de Palmerola.
En su párrafo tercero, el decreto detalla que al aeropuerto se le exonera del pago de derechos arancelarios de importación, impuestos selectivos al consumo, impuesto al aporte para la Atención a Programas Sociales y Conservación del Patrimonio Vial (ACPV), e impuesto sobre ventas en la importación y compra local de insumos, bienes, equipos, materiales y servicios para el diseño, financiación, construcción y equipamiento del proyecto.
Además detalla que la vigencia de estas exoneraciones comprenden la administración y mantenimiento durante la vida del proyecto.
Esto pese a que en la cláusula 9.27 del contrato indica que “el concesionario estará sujeto a la legislación tributaria nacional y municipal que le resulte aplicable, debiendo cumplir con todas las obligaciones de naturaleza tributaria que correspondan al ejercicio de su actividad”.
Y agrega: “Estará obligado al pago de todos los impuestos, contribuciones y tasas que se apliquen, entre otros, a los bienes de la concesión o los que se construyan o incorporen a la concesión, sean dichos tributos administrados por el gobierno nacional, regional o municipal”.
Libra de impuestos también a los contratistas, subcontratistas y proveedores de la cadena de adquisición.
Canon
El contrato, que durará 30 años, fue aprobado por el Congreso Nacional luego de algunas modificaciones que se le hicieron al convenio ente la concesionaria y el Estado.
Una cláusula lesiva que se mantiene es la del canon que el gobierno tendría que recibir por la concesión.
El contrato estipula que el concesionario, es decir Emco, “se compromete a asegurar el pago equivalente al diez por ciento (10%) de los ingresos brutos por concepto de la tarifa de salida de pasajero internacional”.
Este pago se realizará hasta que la demanda de pasajeros internacionales supere los 600 mil viajeros internacionales al año.
Según el ministro de Finanzas, Wilfredo Cerrato, este flujo de pasajeros se alcanzará entre ocho a 10 años.
“El concesionario va pagar un canon del 10 por ciento cuando llegue a un movimiento de pasajeros internacionales de 600 mil pasajeros, que eso, según las estimaciones que tenemos, se pudiera lograr entre ocho a 10 años”, expresó durante su participación en el Foro de Canal 10.
“Preferimos que haya un
menor hasta dentro de ocho o 10 años a que se le aumente la tarifa, porque de nada serviría tener un aeropuerto bonito, seguro, si al final la gente no lo va a usar porque es muy caro”, agregó.
Cerrato dijo que actualmente la cifra de pasajeros internacionales de Toncontín es de 331 mil. Emco aportará 87 millones de dólares y el Estado 76 millones para el cumplimiento del contrato.
Toncontín
Una de las cláusulas que sí fue modificada refiere al cese de operaciones comerciales internacionales de Toncontín.
Se trata de la enmienda al artículo 8.38, la cual indica que una vez firmada el acta de recepción de la obras iniciales obligatorias, las operaciones internacionales de Toncontín deben culminar en un plazo de 90 días ya que de lo contrario el concesionario podrá dar por terminado el contrato.
A criterio del ministro de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (Insep), es un logro que se eliminara del contrato la cláusula que obligaba al cierre por completo de esta terminal aérea.
“Esto en el sentido de que ambos aeropuertos, el de Palmerola y Toncontín, funcionen simultáneamente ya que el mandatario escuchó el pedido que le hicieron los pobladores de Tegucigalpa de mantener a Toncontín para vuelos nacionales”, indicó.
Cabe indicar que el aeropuerto continuará operando los vuelos nacionales y recibirá aviones de hasta 33 pasajeros.
Ordóñez señaló que en el tema de Palmerola ha existido una campaña de desinformación “ya que es totalmente falso que haya una sobrevaloración de la tierra (a indemnizar) pues su precio a pagar es de 22 dólares el metro cuadrado, que equivale a 15.38 la vara cuadrada”.
Manifestó que no es cierto que la terminal se construirá encima de unos tanques de combustible, sino en el extremo este y se mejorará la pista, además se implementará equipo de operación para obtener una terminal de pasajeros con altos estándares de seguridad y competitividad.
anulación
La aprobación de este contrato seguirá siendo un punto de discusión ante el anuncio de la diputada del Partido Innovación y Unidad (Pinu-SD), Doris Gutiérrez, quien anunció que pedirá la nulidad del acuerdo.
“Vamos a presentar los recursos necesarios para que dicho contrato se declare nulo porque en primer lugar el procedimiento parlamentario no se cumplió”, denunció.
La diputada del Pinu-SD apuntó que siempre está en misa y que si no estuvo en la votación fue porque la mandaron a otro lugar y adelantaron la hora de la aprobación del contrato.
“Nuestra posición es pública en contra de este con- trato y los que se durmieron son ustedes los periodistas porque no tienen las copias de los addéndum”, expresó la legisladora.
“Nadie sabe cuáles son las reformas, porque ellos están acostumbrados a trabajar de manera amañada, nada trasparentes. Buscaremos los addéndum y verán que es una barbaridad lo que cometieron”, declaró la congresista.
Por su parte, el diputado Aníbal Cálix, del Partido Anticorrupción (Pac), lamentó que desafortunadamente Palmerola es otro contrato que se aprueba en el Congreso Nacional de forma ilegal.
Sostuvo que por tratarse de un nuevo proyecto de ley debió haberse turnado a la Comisión de Dictamen, pero la directiva ingresó ese docanon cumento a un tercer debate cuando lo que se aprobó en primero y segundo debate fue otro proyecto de decreto.
Así también no se proporcionó información acerca de otras objeciones a ese contrato, por ejemplo, que el mayor beneficio de ese contrato lo lleva la concesionaria con la operatividad del aeropuerto de Palmerola.
Apuntó que en el contrato se especifica que el socio estratégico debe de formar parte de la sociedad mercantil que se crea para administrar el aeropuerto