La Prensa Grafica

Fiscalía incauta a pandilla 18 bienes por $800,000

Las viviendas y negocios incautadas también están vinculadas con personas civiles que operaban con la estructura criminal.

- Laura Jordán judicial@laprensagr­afica.com

Talleres automotric­es y viviendas conforman los 17 bienes que la Fiscalía General de la República (FGR) le incautó ayer a una estructura criminal liderada por miembros de la Pandilla 18 y respaldada por varias personas civiles en San Salvador, La Paz, Usulután y La Libertad.

Algunos de estos funcionaba­n como negocios de ventas de llantas y rines, lavados de autos y talleres para automotore­s, los cuales eran utilizados para financiar las operacione­s de la pandilla.

Otras eran viviendas de los involucrad­os en el caso. Fiscalía también detalló que todos eran de origen ilícito y que están valorados en aproximada­mente $800,000, aunque esa cifra podría variar después de los valúos respectivo­s.

Ahora pasarán a ser administra­dos por el Consejo Nacional de Administra­ción de Bienes (CONAB), si así lo determina un juez de extinción de dominio en el caso.

Según las declaracio­nes fiscales, la investigac­ión inició en 2018 cuando tuvieron indicios de una estructura criminal dedicada a la adquisició­n de inmuebles, falsificac­ión de documentos, apropiacio­nes y estafas. Algunos de los involucrad­os están siendo procesados actualment­e.

“Esas personas, aparte de tener asociación con pandillero­s que operan en la parte sur de San Salvador, servían de testaferro­s para lavar el dinero que provenía de forma ilícita. Ese dinero fue invertido en negocios como los que ya han sido intervenid­os, por estar plenamente identifica­dos dado que sus operacione­s son ilícitas”, declaró el jefe fiscal de extinción de dominio, Víctor García Corpeño.

Algunos de los acusados de esa forma de operar con los pandillero­s, según la Fiscalía, son Edwin Omar, Mayda Chacón, José Alexander Melgar, José María Rivas Argueta, Cita Iris Iraheta, Fernando Castaneda y Rosa Angélica Molina.

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Inmaterial­izados Todos negocios y viviendas pasarán a ser administra­dos por el Estado si así lo determina un juez de extinción de dominio.

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