Piden que el 65 % del impuesto sea solo para tareas de seguridad
El movimiento DECIDE presentó reformas a las leyes de las contribuciones especiales para la seguridad.
casa y corroborar que Menjívar no estaba ahí, se fueron sin arreglar la tela metálica.
Una de las vecinas dijo a este periódico que el martes, horas antes del feminicidio, Vilma salió de la vivienda con los dos niños y la saludó. Luego continuó caminando por las veredas que bajan del cerro de Guazapa hasta salir a la carretera Troncal del Norte para tomar un autobús que la llevara hasta Apopa.
Después del feminicidio, policías subieron a los dos niños en una patrulla para llevarlos, dos cuadras más adelante, a la subdelegación, donde una psicóloga los atendió por haber sido testigos de cómo su padre asesinó a su madre.
La madre de Vilma, según contó a este periódico, escuchó de otros familiares que le entregarían los niños a ella. Pero ayer por la tarde los niños todavía no habían sido llevados y entregados en San Pedro Puxtla.
“Pues me va a tocar a mí hacerme cargo de los niños. Yo sé que ahorita están con la policía; no sé dónde ni qué les están diciendo. Dijeron que los van a traer, pero ahorita no sabemos nada de ellos”, dijo la madre de la víctima.
Cuando los niños se instalen en casa de su abuela materna, según explicaron familiares que llegaron a la vela, tendrán que ir a estudiar con sus primos en la escuela del cantón. Para llegar a la escuela tendrán que caminar, como todos los demás niños, media hora de ida y media hora de regreso desde y hasta la cima del cerro, por veredas y calles lodosas. Vivirán donde su madre creció y donde pocas veces los llevó para conocer a sus tíos y primos. Vivirán en el lugar del que salió su madre para intentar escapar de la miseria. Jóvenes que integran el movimiento ciudadano DECIDE presentaron ayer ante la Asamblea Legislativa un proyecto de reformas a la Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia y para la Ley de Contribución Especial a los Grandes Contribuyentes para el Plan de Seguridad Ciudadana, con el fin de que los fondos se usen para seguridad y no para otros rubros.
Según las propuestas de reformas a las dos leyes, del total de los fondos recolectados se destinaría 65 % para investigación, persecución y combate del crimen. El dinero sería asignado a la Policía Nacional Civil, Fiscalía General de la República y la Fuerza Armada; el otro 35 % serviría para programas de prevención de violencia.
Las leyes actuales no establecen una distribución específica de los fondos del impuesto, y en general dicen que el objetivo es financiar los planes de seguridad pública. Aunque en el Consejo de Seguridad Ciudadana se ha dicho que el acuerdo era destinar más dinero a prevención, pero, por ejemplo, el pastor Mario Vega ha reclamado porque esto no se cumple.
Sulen Ayala, de DECIDE, explicó que buscan quitar la discrecionalidad que tiene el presidente de la república para destinar los fondos a instituciones que no tienen nada que ver con la prevención del delito.
“Pues me va a tocar a mí hacerme cargo de los niños. Yo sé que ahorita están con la policía; no sé dónde ni qué les están diciendo”. MADRE DE VILMA PÉREZ, VÍCTIMA DE FEMINICIDIO