El proyecto de gastos para 2017 será clave en las negociaciones
Hacienda enfrenta el pago de una cuota por una deuda que tiene 44 años.
Todos los años, el Ejecutivo presenta su plan de gastos e ingresos esperados para el año siguiente. La Constitución ordena que este plan sea exacto, contemple todas las necesidades y que esté en manos de los diputados a más tardar el último día de septiembre (el 30).
Los investigadores de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) consideraron que el plan de gastos que se presentará para 2017 es importante frente al riesgo de una crisis fiscal. Hay entidades como la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Asamblea Legislativa que tienen “discrecionalidad” para administrar los fondos que tienen asignados, recordó Alas. Por ejemplo, la Corte ocupa muchos fondos en dar varios bonos a los empleados, mientras que la Asamblea tiene un seguro médico privado que hasta cubre cuestiones estéticas. “Hay un incentivo para gastarse ese dinero... Las instituciones que tienen más dinero tienden a despilfarrar más”, dijo Alas.
Alas explicó que en enero vencen $300 millones de una deuda que Hacienda adquirió con el Banco Central de Reserva (BCR). Además, hay otro vencimiento en diciembre próximo. En el caso de los $300 millones, Alas subrayó que debería estar incluido en el presupuesto de 2017.
El BCR, a través de su dirección de comunicaciones, confirmó que había un vencimiento de $150 millones en diciembre, pero no fue posible obtener respuesta sobre los compromisos del próximo año.
Este bono tiene origen en el decreto 682 del 20 de diciembre de 2001, que dio luz verde para una deuda de $704.4 millones. La publicación en el Diario Oficial de este decreto remite hasta otro de 1989, cuando los diputados autorizaron al Gobierno emitir una deuda de 3,900 millones de colones, equivalente a $445.7 millones. La necesidad de usar estos bonos responde al viejo y enraizado hábito de pagar deuda vieja con otro tipo de deuda, que resulte menos cara. Los $445 millones de 1989 eran parte de una reestructuración de otras deudas que datan de abril 1972. Ese año también fueron bonos, créditos y otros compromisos.
En el decreto 395 de 1989, los diputados dejan en claro que aprobarán la operación financiera porque “es urgente resolver el incumplimiento del servicio de la Deuda Pública Interna”, que había acumulado el Estado.