$ 6 millones costaría la implementación de nuevos jueces constitucionales
El concurso para elegir a los nuevos magistrados se hará en el plazo de un año. Juristas consideran que se deberá evaluar el grado de litigiosidad y población de cada cantón.
Una vez que se publiquen los resultados de la consulta popular y referéndum en el Registro Oficial correrá el plazo de un año para que el Consejo de la Judicatura (CJ) organice el concurso de méritos y oposición para designar a jueces constitucionales especializados tanto de primera instancia como los que integrarán las salas especializadas de lo constitucional de las cortes provinciales. Tal y como se aprobó en las urnas con el triunfo del sí en la pregunta C.
Estos nuevos jueces resolverán acciones de protección, habeas corpus, habeas data, pedidos de acceso a la información pública y de medidas cautelares. No está claro cuántos serán los que se sumarán a los 1.946 jueces que están ahora en funciones en todos los niveles (nacionales, primera y segunda instancia, y otros).
Álvaro Román, presidente del CJ, comenta que desde que la Corte Constitucional dio luz verde a la pregunta, él mismo dispuso al director de Innovación y al de Gestión Procesal de la institución que se realicen todos los estudios para la eventual incorporación de nuevos jueces, aunque de manera personal no estaba a favor.
El costo que tendría que implementar todo este sistema de nuevos jueces constitucionales, dice Román que sería de unos $ 6 millones, fuera de los salarios que van a recibir los jueces, secretarios y funcionarios, compra de mobiliario y sin contar con la inversión en la infraestructura para ubicar a estos magistrados.
Según el anexo, “el Ministerio de Economía y Finanzas deberá destinar las partidas presupuestarias necesarias para el cumplimiento del mandato popular, de acuerdo con los requerimientos técnicos y financieros que realice el Consejo de la Judicatura”.
“Tenemos hecho el estudio... esperábamos que no gane la pregunta pues no se justifica crear nuevos jueces. Se presentan solo 25.000 acciones jurisdiccionales al año. Es una carga laboral muy pequeña y tener jueces y cortes provinciales para eso es económicamente grande”, menciona.
Pablo Alarcón, constitucionalista y director de la Escuela de Derecho de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, coincide con Román en que se debe evaluar el “grado de litigiosidad y población de cada cantón” para decidir el número de jueces. Asimismo, en que sería necesaria la participación de la CC para que estos jueces y las nuevas salas sean parte del sistema de administración de justicia constitucional, encabezado por la Corte.
No obstante, aunque esto no se planteó así, el catedrático menciona que sí es necesario que el CJ coordine con la Corte para que pueda aportar con su conocimiento de esta materia desde el mismo concurso, requisitos y demás. “La Corte Constitucional debe participar, los colegios de abogados también deben participar para que esto llegue a buen término”.
Mientras André Benavides, abogado constitucionalista, difiere ya que dice que no sería viable en ningún caso, ya que la atribución constitucional para hacer estos concursos la tiene el Consejo de la Judicatura.
Sobre el concurso, coincide con Román en que es necesario revisar cuáles son las judicaturas o cuáles son los cantones donde se presentan más acciones de protección o se utilizan estas garantías jurisdiccionales. Dice que es muy probable que existan casos en los cuales se requiera más de un juzgado como en Quito, Guayaquil y otras ciudades.
En cuanto al perfil de estos jueces, Benavides comenta que un requisito mínimo deberá ser que tengan experiencia en la judicatura, es decir, que hayan sido jueces o funcionarios judiciales. “Para el perfil de estos jueces será necesario también que se demuestre en efecto que tienen conocimientos en la materia porque muchas veces pueden tener la maestría y la especialidad, pero nunca han presentado una acción de protección o han resuelto una de ellas”, refiere y dice esto debe ir en paralelo a las fases de méritos y oposición y las pruebas en las que se deberá garantizar transparencia.
Aunque los ecuatorianos ya decidieron en las urnas dar luz verde a estos nuevos jueces, Benavides considera que más bien era necesario “dotar de mayor capacitación y preparación a los jueces que actualmente están en funciones”.
“Estas judicaturas constitucionales, además de evitar el abuso de los mecanismos constitucionales, la desvalorización, el tema de la corrupción, yo creo que van a ayudar a resolver un problema que le pasa al ciudadano común, que muchas veces va a la justicia constitucional y tiene una respuesta negativa por varios factores: porque el juez no conoce de la materia, es facilista y prefiere negarla que hacer una sentencia de cero”, apunta.
Por su parte, Alarcón dice que los nuevos jueces tendrán que librar al sistema del abuso y desnaturalización asumiendo el rol de juez activo y garante de los derechos y que para lograrlo deberán conocer todos los instrumentos legales y marcos jurídicos y los precedentes que ya ha dejado en claro la Corte Constitucional.
“Los nuevos jueces deberán cumplir un perfil que denote experiencia y dominio académico en la materia para que puedan convertirse en protagonistas y ser quienes resguardarán la Constitución y al sistema de garantías jurisdiccionales para evitar lo que hemos visto que ocurre”, agregó.
Además de la experiencia y la academia, Alarcón dice que será necesario evaluar la probidad de los nuevos jueces y que tenga un valor importante y que estos jueces cumplan con respecto a la cultura de la legalidad.
‘No se justifica la creación de nuevos jueces’, asegura el presidente del CJ.