Los gazapos legales de Palacio
Una terna ha sido enviada en tres diferentes versiones al Consejo de Participación ❚ El Ejecutivo defiende todas las propuestas y decisiones que ha tomado
Dudas que van alargando resoluciones. Varias propuestas que llegan desde el Ejecutivo a otras instancias del Estado no han estado exentas de yerros o reparos, lo que ha obligado a revisar sus contenidos, retrasar decisiones o cambiar el fondo de normativas.
El caso más llamativo es el de la terna para elegir al titular de la Superintendencia de Poder de Control de Mercado. Tres versiones han sido remitidas, hasta el momento, al Consejo de Participación Ciudadana transitorio que adelanta ese proceso.
EL DETALLE Terna. El jueves próximo termina el plazo para que el Ejecutivo presente una nueva terna. Esta vez para la conformación del Consejo de la Judicatura titular.
De la primera, dos de los tres candidatos quedaron eliminados en la primera fase por no cumplir requisitos. El tercero, David Sperber no superó la etapa de impugnación ciudadana con lo que, la lista enviada por el presidente Moreno, se diluyó.
En el segundo intento, la Presidencia no reparó en el requisito de la paridad de género que deben tener las ternas y envió tres candidaturas masculinas. La propuesta fue devuelta. Ya corregida, el martes el Consejo de Participación sacó del concurso a la única mujer, por no completar los requisitos.
De ahí en más, la designación del procurador del Estado, superintendente de Comunicación, superintendente de Economía Popular y Solidaria no han encontrado mayores obstáculos aunque para esta última a la etapa de impugnación solo llegó Margarita Hernández, de los tres propuestos.
En la Asamblea también hay preocupación por, al menos, dos decisiones tomadas por el presidente Moreno. El legislador por Carchi, René Yandún, le dijo a EXPRESO que el mecanismo elegido para eliminar la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) no es correcto. “La Senain fue creada mediante ley y no puede ser eliminada por decreto”, aseguró.
En el Legislativo tampoco pasa el “mal sabor de boca” que dejó el veto total del presidente a la Ley de Lucha Contra la Corrupción. Entre asambleístas morenistas, correístas y de otras bancadas hay la sensación de que fue un error no salvar un alto porcentaje de la propuesta e incorporar los cambios puntuales del presidente.
El Ejecutivo prefirió deshacerse de toda la normativa que fue consensuada por casi todos los asambleístas y enviar su propia propuesta. La secretaria jurídica de la Presidencia, Johanna Pesantez, justificó la decisión por “razones técnicas y jurídicas. No es una ley que nos ayudaba en la lucha contra la corrupción”, argumentó la funcionaria, cuando entregó el nuevo proyecto.
La Ley de Fomento Productivo también fue vetada por el Ejecutivo y requirió de un alcance, 13 días después. En la modificación se incluyó el arbitraje internacional en los contratos de inversión que celebren empresas con el Estado.
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