Ortega acusa en La Haya a Maduro de 8.000 asesinatos
Pide una orden de captura internacional contra el presidente de Venezuela y figuras del régimen Cede documentos recabados cuando era fiscal general
La exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, urgió ayer a la Corte Penal Internacional (CPI) a que lance una investigación por presunto abusos y torturas por el Gobierno venezolano.
El presidente “Nicolás Maduro y su gobierno deben pagar por esto, por estos delitos de lesa humanidad”, dijo Ortega luego de depositar en la CPI en La Haya un legajo con 1.000 piezas de evidencias.
Ortega, de 59 años, salió clandestinamente de Venezuela a fines de agosto alegando ser víctima de una persecución política, y está bajo protección del Gobierno colombiano, que le ofreció asilo.
Delante de la sede de la CPI, bajo la lluvia, luego de entregar los documentos a la oficina del fiscal general de la CPI, Ortega insistió en que Maduro y su gobierno “deben pagar por el hambre, la miseria, las penurias a las que está sometido el pueblo de Venezuela”.
Ortega dijo que la policía y los militares mataron a unas 1.767 personas en 2015. El año pasado hubo 4.677 muertes, y 1.846 fueron asesinadas en los primeros seis meses de 2017. En total, más de 8.200 muertes.
Su expediente incluye testigos oculares, así como entrevistas con expertos y médicos, que detallan presuntos “crímenes, asesinatos, torturas, encarcelación, así como un ataque sistemático y generalizado contra la población civil”.
Ortega dijo que empezó a recabar informaciones sobre esos crímenes cuando estaba al frente de la Fiscalía general en 2015. Solicitó una orden de captura internacional contra el presidente y otros prominentes representantes del Ejecutivo: el ministro de Defensa, Vladimir Padrino; el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol; el director del servicio de inteligencia nacional (Sebin), Gustavo González, entre otros.
“También incluimos en la denuncia más de 17.000 detenciones arbitrarias, (...) la militarización de la seguridad ciudadana (...) que permitió el uso de las armas de fuego en manifestaciones”, agregó. Recurrieron a “esta instancia internacional por cuanto en Venezuela no hay justicia”, añadió.
Desde que huyó inicialmente a Colombia, la jurista ha he- cho un periplo por distintos países de la región para presentar pruebas de abusos del gobierno de Maduro y buscar apoyo para restaurar el orden democrático en su país.
Venezuela se encuentra sumida en una profunda crisis económica, política y humanitaria que derivó en manifestaciones callejeras que dejaron 125 muertos entre abril y julio.
Estados Unidos y la Unión Europea (UE) impusieron sanciones al país.
Venezuela ratificó el estatuto de Roma que dio creación a la CPI, por lo que en teoría la fiscal general de la organización, Fatou Bensouda, tiene jurisdicción para investigar alegaciones de crímenes de lesa humanidad en ese país.