Diario Libre (Republica Dominicana)
Consultoría y peregrinos acuerdan estudiar estatus legal de terrenos El Seibo
Las autoridades también se comprometieron a ubicar tierras cercanas donde puedan trabajar
SANTO DOMINGO. El consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, acordó ayer, con una comisión de los campesinos desalojados en terrenos agrícolas de El Seibo, realizar un estudio sobre el status legal de los terrenos para definir el curso a seguir con las tierras de las que fueron desalojados en septiembre del año 2018.
El sacerdote Miguel Ángel Grullón, quien ha acompañado a los agricultores en su lucha y estuvo en la reunión la mañana del martes en el despacho del Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, informó que, a raíz del estudio, podría ser una posibilidad “iniciar el proceso de declaración de utilidad pública para que esas tierras se dediquen a la producción de alimentos”.
En un segundo punto, las autoridades se comprometieron a buscar otros terrenos cercanos en los que puedan asentar a los campesinos de la Asociación Mamá Tingó.
“Se acordó trabajar desde ya, en los compromisos, para que en enero estuviera todo resuelto”, indica los campesinos.
Antoliano Peralta encabezó el encuentro, luego de solicitar al presidente Luis Abinader autorización
Antoliano Peralta para buscar una solución al problema.
Decreto
Los peregrinos se amparan en un decreto del presidente Joaquín Balaguer, del año 1975, con el que las 1,800 tareas de tierra que ocupan fueron declaradas de utilidad pública para que ellos pudieran usarla.
Sin embargo, Peralta reveló que la Unidad de Titulación de Terrenos del Estado hizo un levantamiento sobre esas tareas y encontró que “no coinciden con la posesión donde están trabajando los campesinos de El Seibo”. Además, las tierras que ellos reclaman alcanzan las 18 mil tareas.
Ante esta realidad, el consultor jurídico explicó que su propósito es darle continuidad a conversaciones que habían sostenido con el director del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y del Instituto Agrario Dominicano (IAD) a principios del Gobierno.
En ese entonces, una comisión de los directores del IAD y del CEA se trasladó a El Seibo “con el fin de buscar una solución, digamos que transaccional”.
“La propuesta del Poder Ejecutivo fue tratar de ubicar otros terrenos del Estado adyacentes para ubicar a la gente que quiere trabajar”, sostuvo Peralta.
Esa diligencia, gestionada en esa ocasión, se quedó sin consolidar, entre otras razones, porque esos funcionarios dejaron sus cargos.
Propiedad privada
Peralta fue enfático en que se buscará una solución al margen de cualquier litigio judicial sobre la propiedad de los terrenos.
“Ni el presidente de la República ni quien les habla vamos a interferir con respecto a la propiedad de la que pueda ser titular una persona. O sea, cualquier solución que se le busque a esto es respetando el derecho de la propiedad privada, porque ese es un derecho constitucional”, remarcó.
Explicó que el legítimo derecho de propiedad de la persona que dice ser titular de esos terrenos es un tema que se debe dirimir en los tribunales.
“Este Gobierno mantiene la mística y la firme decisión de no interferir en asuntos que sean potestad de la Justicia”, remachó Peralta.
En la reunión participaron, de parte del Instituto Agrario Dominicano, el consultor jurídico Arsenio Toribio y Omar Gratereaux.
“Cualquier solución, que se le busque a esto, es respetando el derecho de la propiedad privada”
Consultor Jurídico PE