Una estrategia de reformas descarriladas

«El modelo de desarrollo que ha guiado la economía dominicana en las últimas décadas, si bien ha dado lugar a un crecimiento importante, muestra debilidades que limitan su potencialidad para construir el país deseado: incapacidad de generar suficiente empleo decente, insuficientes interrelaciones entre los sectores productivos, lo que limita los efectos motorizadores de las actividades exitosas, así como concentración espacial de las actividades modernizantes y limitaciones para incursionar exitosamente en los mercados internacionales». Prólogo a la ley 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo

La conclusión de un año es una buena oportunidad para evaluar – más allá de las cifras que nos hacen sentir bien como economía – la trayectoria del país hacia el propósito de alcanzar las metas de desarrollo para el 2030. Cierto. La economía dominicana es capaz de crecer por encima del potencial sin poner presiones inflacionarias. Un lujo que pocas economías pueden exhibir. Pero, a la vez, nuestra economía no muestra avances significativos si tomamos como punto de referencia los compromisos establecidos en la ley orgánica 1-12 sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo (END).

Ya han pasado prácticamente siete años desde la promulgación de la END; esto es, un tercio del tiempo contemplado para convertir este país en un sueño, donde las personas vivan «dignamente, apegadas a valores éticos y en el marco de una democracia participativa que garantiza el Estado social y democrático de derecho y promueve la equidad, la igualdad de oportunidades, la justicia social […]». Sin embargo, la estrategia ha crecido como un «árbol torcido» que luego resulta poco menos que imposible enderezar. Basta mirar el cronograma de reformas que dicha ley estableció para tomar conciencia de la gravedad del problema.

Dentro del primer eje estratégico – un Estado Social Democrático de Derecho –, el sector público, entre otros compromisos, debió implementar una nueva estructura organizativa «acorde al derecho administrativo moderno» en un plazo no superior a los tres años; de manera que este compromiso debió haber sido honrado hace casi cuatro años. Asimismo, las reformas legales e institucionales relacionadas con la seguridad ciudadana, la seguridad y la defensa nacional debieron ejecutarse en los primeros cinco años. Tareas pendientes. Igual suerte han corrido las reformas a la normativa democrática del sistema político, con la excepción de la ley de partidos, aprobada hace unos meses con un retraso de casi cuatro años.

En cuanto al segundo eje estratégico – una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades –, la END planteó que la ley de seguridad social debió ser modificada en el curso de los dos primeros años, «a fin de superar las deficiencias que se han evidenciado a lo largo de su aplicación y poder completar el proceso de universalización de la seguridad social […]». En ese mismo plazo, se debió reformar el sistema general de salud. Igualmente, en tres años debió reformarse el conjunto de instituciones de asistencia social con el propósito de lograr una integración coordinada de esas instituciones en el diseño y ejecución de las políticas de protección social. Tareas pendientes.

El tercer eje estratégico persigue una «Economía Sostenible, Integradora y Competitiva», mediante la implementación de un conjunto de reformas, entre las que se destaca «Un nuevo régimen de incentivo y fomento a las actividades productivas que contribuya a fortalecer los eslabonamientos intersectoriales y el desarrollo territorial, fomentar la innovación y la competitividad sistémica, generar empleo decente y atraer inversión hacia actividades que aporten un mayor escalamiento en la cadena de valor»; para este propósito la END asignó un plazo no mayor de tres años. Casi cuatro años de retraso. Adicionalmente, en un plazo no mayor de dos años se debió modificar el régimen de cesantía, acompañado de la creación de un seguro por desempleo, y la eliminación en la legislación laboral de mecanismos que distorsionan los procesos judiciales. Tareas pendientes.

Con el cuarto y último eje estratégico se persigue «una Sociedad de Producción y Consumo Ambientalmente Sostenible que Adapta al Cambio Climático». Dentro de las reformas de este eje está la del plan de reordenamiento territorial y la regulación del uso de suelo; así como la regulación de ahorro y eficiencia energética. Todo esto en un plazo no mayor de tres años. Tareas pendientes desde hace unos cuatro años.

Ahora bien, estas reformas deben – o debieron – tener como telón de fondo al menos tres pactos fundamentales: educativo, eléctrico y fiscal. Y, además, lo que se puede considerar como un cuarto pacto, que es una ley de responsabilidad fiscal. El pacto educativo – concluido tardíamente – y el pacto eléctrico debieron concluirse en el primer año después de la aprobación de la END. El proceso para el pacto eléctrico ya tiene más de cuatro años desde su convocatoria – también tardía – y todo indica que resucitarlo sería una tarea bastante improbable.

El fracaso del pacto eléctrico se llevó de paso la posibilidad de lograr un pacto fiscal; aunque ahora se conoce la versión de que el gobierno decidió en el 2016 no hacer la reforma fiscal en este segundo mandato. Es lamentable que una ley orgánica como la END se tome a la ligera y que sus mandatos sean considerados como meras referencias, o como algo opcional. Quizás no sea pura coincidencia que dicha ley no contemple ninguna sanción para quienes no cumplan con sus obligaciones. En este contexto, se puede afirmar que el año 2018 no significó un avance en términos de la estrategia nacional de desarrollo; por el contrario, las brechas con las reformas pendientes se profundizaron. Y de paso, la END está a punto de convertirse en una pieza más del museo de leyes inobservadas por la voluntad política. Por el camino que se ha elegido su fracaso está asegurado.