16 años de espera... y contando
Hellen Molina, su esposo Cristopher Serrano y sus hijos Leider y Kaleb, de 12 y 10 años respectivamente, forman una de las 900 familias cartaginesas que llevan 16 años esperando cumplir su sueño de tener casa propia.
Los Serrano Molina han tenido que alquilar todo este tiempo mientras anhelan que llegue la solución definitiva.
Este jueves, varias familias se acercaron a los terrenos donde se construirán las casitas, en el proyecto Duarco- Cocorí, para escuchar de primera mano qué es lo que pasará con un plan que desde enero de este año se anunció que se comenzaría a levantar y que tuvo un nuevo atraso.
A la reunión llegaron Dagoberto Hidalgo, gerente general del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), y Roberto Romero el presidente de la asociación Duarco-Cocorí, quienes les dijeron a las familias que asistieron que debían esperar 13 meses más, aunque harán todo lo posible para reducir ese tiempo.
El temor era que no se fuera a realizar el proyecto, sin embargo, Hidalgo explicó que si bien se presentó un inconveniente administrativo, están haciendo los esfuerzos por arreglarlo pronto y empezar la construcción de la primera etapa.
“Ni hemos detenido el análisis del proyecto, ni hemos dicho que no se pueda llevar a cabo, estamos haciendo todos los esfuerzos para sacarlo adelante”, explicó Hidalgo.
El terreno en el que se construirá esta nueva solución de vivienda está frente a la cárcel de Cocorí, entre los cantones de Cartago y El Guarco, por eso, ambas municipalidades tendrían la responsabilidad de atender las demandas de servicios de los nuevos residentes.
Ayudará. Mario Redondo, alcalde de Cartago, dice que la municipalidad que dirige tiene la capacidad de brindar servicio de agua potable y recolección de basura y para eso ya están comprando nuevos camiones.
Mientras que Víctor Arias, alcalde de El Guarco, cree que sí podrán ayudar con el manejo de los desechos, pero que el suministro del preciado líquido le corresponde al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado.
Eso sí, Arias advirtió que ya el AyA le dijo que Acueductos también tendría inconvenientes si tiene que atender la demanda de más residenciales.
La Teja consultó al AyA si lo que dice Arias es cierto, sin embargo, no obtuvimos respuesta al cierre de edición.
“Como es un proyecto aprobado desde hace varios años debemos consultarlo al nuevo concejo municipal, a ver si se mantiene el interés de que se desarrolle”, explicó Arias.
¿Cómo será?. El Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) nos contó que el proyecto Duarco-Cocorí será construido de manera vertical, compuesto por edificios de tres niveles en un terreno de su propiedad.
“Con este proyecto se pretende proveer un total de 900 apartamentos para población con vulnerabilidad social; aunado a la construcción y habilitación de 40 locales comerciales”, explica el INVU.
La construcción se llevaría a cabo en cuatro etapas. La primera se compone de 228 casitas, siendo la que, además, presenta un mayor avance en cuanto a trámites, ya que ya se presentó la solicitud de financiamiento ante el Banhvi.
Pero, ¿entonces por qué se ha atrasado tanto?
“El INVU ha debido suspender las gestiones que venía impulsando, por una notificación del Banhvi, que interpreta que existe una prohibición para que la institución pueda fungir como entidad autorizada del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV) para proyectos habitacionales que se desarrollen en terrenos de su propiedad”, dice la oficina de comunicación del INVU.
Por ese motivo, el INVU interpuso un recurso de reconsideración, y aunque se puede avanzar, el cambio conllevaría el análisis de cada uno de los casos propuestos.
“Aunque la resolución del recurso no ha sido formalmente notificada al INVU, su interposición no suspende los efectos del acuerdo, por lo que está cerrada la posibilidad de que el INVU pueda ejecutar proyectos en terrenos propios como entidad autorizada, siendo el primer afectado el proyecto Duarco-Cocorí. Ahora queda por saber cómo pretende proceder el Banco, con la debida justificación técnica y jurídica”, puntualizó la oficina de prensa del INVU.
Brumosas. Romero explicó que el 90% de las familias son de la Vieja Metrópoli y el 10% restante de comunidades como Desamparados, el centro de San José, Escazú y Aserrí.
Redondo sí aclaró que con la gran necesidad de vivienda que hay en Cartago, le parece que debería darse prioridad a las familias locales.
“Me parece una injusticia que se haya atrasado tantísimos años pues las familias tienen mucha necesidad. También estamos con un proyecto para hacer un cementerio y habría que mejorar el transporte público”, agregó el alcalde brumoso.
Estamos haciendo todos los esfuerzos para sacarlo (el proyecto) adelante”. Dagoberto Hidalgo gerente general del Banhvi