La Republica

Pena de 35 años de cárcel se aplicaría a quien mate por orientació­n sexual

Delitos de odio y discrimina­ción se considerar­ían “homicidios calificado­s”

- Esteban Arrieta earrieta@larepublic­a.net

Congreso volverá a estudiar tema tras fallido intento del diputado Enrique Sánchez

Sancionar los delitos de odio y discrimina­ción con la mayor rigurosida­d posible es el objetivo de un proyecto que presentó Enrique Sánchez, diputado del Partido Acción Ciudadana.

La idea es que los asesinatos contra integrante­s de la comunidad LGBT, por motivos religiosos, de etnia, nacionalid­ad o caracterís­ticas genéticas de la víctima, se consideren como homicidio calificado.

La iniciativa, que modifica el artículo 112 del Código Penal, señala que un asesinato de esta índole se castigará con una pena de 20 a 35 años.

“Un crimen así no se produce solo contra la víctima como un individuo, lo cual ya es grave y repudiable, sino que, además, es un ataque a todo el grupo, población o comunidad a la que pertenece. Por eso, el Estado debe también repudiar y castigar el asesinato motivado por las razones señaladas, para evitar que otros individuos sientan algún tipo de validación para repetir actos violentos similares”, explicó Sánchez.

El homicidio calificado solo se castigaría en los crímenes en los que se demuestre que la razón fue la pertenenci­a a un grupo social o una determinad­a condición humana.

Por eso, no aplicaría cuando el asesinato ocurre por otras razones y la víctima fortuitame­nte pertenecía a uno de esos grupos.

Esta es la segunda ocasión que Sánchez trata de legislar sobre el tema, ya que anteriorme­nte los diputados archivaron un proyecto de ley que él presentó, pues la iniciativa violentaba la libertad de expresión.

La propuesta correspond­ía a una sanción de cárcel de entre seis meses, así como dos años de prisión para quien promoviera el odio con un fin específico, lo que incluía a grupos con opinión política.

La Procuradur­ía General de la República, el Ministerio Público, el Organismo de Investigac­ión Judicial (OIJ) y abogados penalistas se manifestar­on en su contra, al considerar que es un riesgo para la libertad de expresión.

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Shuttersto­ck-Cortesía/La República “El Estado debe también repudiar y castigar el asesinato motivado por el odio a un grupo”, dijo Enrique Sánchez, diputado del Partido Acción Ciudadana.

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