Oprobioso fracaso
El mismo día que se cumplían 35 años de su tristemente célebre funcionamiento, guardianes y privados de libertad recibieron la noticia de la orden de clausura definitiva que había girado el juez ejecutor de la pena, Roy Murillo. San Sebastián —dijo— es “un calabozo gigante… una jaula humana deteriorante, aplastante y humillante… un espacio inhabitable y sin capacidad para ser remodelado”.
La situación, por supuesto, no ocurrió de pronto. Tres años atrás, Murillo había intentado convencer a las autoridades de la necesidad de reducir el hacinamiento en la única cárcel para indiciados del país, ordenando la salida de 370 de ellos. Hoy, en ese penal, mal conviven unos 1.268 hombres, despojados no de su libertad, sino de su condición de seres humanos. Y cada semana llegan 150 más.
Del hacinamiento carcelario se habla a diario. El Informe de la Federación Iberoamericana de Ombudsman 2014 incluye a Costa Rica como uno de los diez países con cárceles que superan sus capacidades instaladas en más del 200%. La prueba palmaria de ello es que la capacidad real de San Sebastián es para 559 humanos.
Y vale decirlo, la señora ministra de Justicia Cecilia Sánchez y su viceministro Marco Feoli, han debido soportar una campaña político mediática difamatoria e irrespetuosa en grado superlativo, por tener las agallas de paliar en lo posible un problema que constituye una vergüenza nacional que debería llenarnos de sonrojo. Nosotros, que hemos avalado todos los instrumentos del Derecho Internacional de Promoción, Protección y Defensa de los Derechos Humanos, tenemos cárceles como San Sebastián en las que se produce según el valiente escrito de Murillo “un evidente ejercicio de terror de Estado que no es válido en una democracia”.
Desde el cierre de la antigua Peni, de la que emanaban historias de terror cuando éramos chiquillos, no hemos querido tomar conciencia social de la magnitud de nuestra crisis carcelaria actual. Cuesta asimilar la manera en que mucha gente se expresa con respecto a los privados de libertad, la forma en que muchos se solazan de la desgracia de quien ha caído y el ensañamiento de quienes se creen con el poder señalador como para afirmar que si un ser humano delinque, merece cualquier clase de sojuzgamiento. Aún aquel que nos desmerezca a todos en nuestra condición de seres humanos provistos de un mínimo sentido de la compasión.
La resolución del juez Murillo, ciertamente es un desafío a las autoridades de un Estado que demuestra su fracaso más rotundo con un tema que por años ha permitido cada vez mayor deterioro y vejación. Pero es también un golpe en la mejilla de los costarricenses todos. Una muestra de nuestra doble moral e hipocresía respecto de los valores que decimos defender.
La resolución del juez Murillo pone también de manifiesto una vez más lo obvio que resulta que el hacinamiento carcelario no es un problema del Ministerio de Justicia.
Debe cesar de una vez por todas el facilismo de ese mal llamado “principio de preservación del puesto” que mueve a muchos jueces a enviar a preventiva a cualquiera que se encuentre en la supuesta comisión de un delito. Y debe obligar también a los legisladores a revertir leyes populistas de aumento de penas e invención de nuevas figuras delictivas con penas privativas de libertad.
Los tres poderes deben reaccionar. Y la sociedad en su conjunto también.
No es soportable tanta vergüenza.
Desde el cierre de la antigua Peni, de la que emanaban historias de terror cuando éramos chiquillos,
no hemos querido tomar conciencia social de la magnitud de nuestra crisis carcelaria actual