Fiscalía no halló delito en que Irene Cañas hiciera teletrabajo en Panamá
No hubo delitos y, por lo tanto, la investigación judicial no debe continuar. Este fue el criterio de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción del Ministerio Público que solicitó al Juzgado Penal desestimar una causa abierta contra Irene Cañas Díaz, ahora expresidenta del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), por realizar teletrabajo desde Panamá, cuando atendía un drama familiar, durante la segunda mitad del 2021.
El hecho fue denunciado en febrero por parte de la auditora interna del ICE, Sofía Flores Machuca, para quien Cañas pudo haber incurrido en los delitos de violación al deber de probidad, incumplimiento injustificado de deberes, enriquecimiento ilícito y abuso de autoridad por ejercer su cargo desde el vecino país, al que viajó con frecuencia debido a una “compleja situación familiar”, según lo que la entonces jerarca divulgó.
Para la auditora, el hecho de que Cañas realizara sus tareas como presidenta del ente desde el extranjero merecía indagarse, por ser una situación no contemplada ni en la normativa interna, ni en la legislación nacional sobre teletrabajo.
No obstante, la Fiscalía confirmó a La Nación que este expediente, tramitado bajo el número 22-000040-1218-PE, se remitió al Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública con una solicitud de desestimación, el 10 de junio anterior. Según la oficina de prensa del Ministerio Público, la petición aún no ha sido conocida por el juez correspondiente.
“Este caso todavía no está concluido y soy completamente respetuosa del debido proceso en tanto este continúe”, dijo Cañas, al ser consultada.
La auditora también elevó el caso ante la Contraloría General de la República y la Procuraduría de la Ética Pública, según lo detalló en su oficio 0020-047-2022 de enero del 2022.
Asimismo, envió el documento al entonces jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana, Pablo Heriberto Abarca, luego de que él solicitara información y cuestionara a Cañas en redes sociales por sus frecuentes salidas.
La ofensiva en redes llevó a la jerarca a divulgar que la muerte de su hermano y un proceso de custodia de su sobrino de ocho años la obligaron a moverse a Panamá