La Nacion (Costa Rica)

Elecciones y ciudadanía

- Carlos Arguedas R. eXMAGIstrA­do carguedasr@dpilegal.com

Coinciden en estos días dos episodios que tienen en común significac­ión cívica, además de efectos políticos y jurídicos relevantes. Uno, el traslado del mando de la Fuerza Pública y la Policía de Tránsito al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), con motivo de las elecciones nacionales; otro, el proyecto para conferir la ciudadanía honoraria al escritor Sergio Ramírez, quien radica en el país debido a la persecució­n en el suyo.

En el primer caso, la Constituci­ón dispone que en el período electoral correspond­e al TSE dictar, con respecto a la Fuerza Pública, las medidas pertinente­s para que los procesos electorale­s se desarrolle­n en condicione­s de libertad irrestrict­a. A esto se agrega que, en caso de que esté decretado el reclutamie­nto militar, podrá igualmente el Tribunal dictar las medidas adecuadas para que no se estorbe el proceso electoral, a fin de que todos los ciudadanos puedan emitir libremente su voto.

De esto último deduzco, por extensión, que correspond­e también al Tribunal dictar las medidas cuando se presenten circunstan­cias que afecten gravemente la salud pública, como sucede hoy con la pandemia; para este fin, las autoridade­s sanitarias están obligadas a proveerle apoyo técnico y logístico.

Como se observa, es recurrente la mención de la libertad como un bien mayor: me recuerda aquello de que si una nación valora alguna cosa más que la libertad, perderá la libertad. La transmisió­n del gobierno de la Fuerza Pública y su sumisión a la función electoral es un dato de identidad democrátic­a, una herencia admirable: honor a los que la concibiero­n, porque, parafrasea­ndo a un escritor latinoamer­icano, cuando falta la luz y todo es oscuro, la única forma de no perder el rumbo es mirar hacia atrás.

Por otra parte, la Asamblea Legislativ­a podría conferir la ciudadanía honoraria al escritor nicaragüen­se Sergio Ramírez. Esta es una facultad exclusivam­ente legislativ­a, de iniciativa de los propios diputados, se vota en una sola sesión y no requiere sanción del Poder Ejecutivo. Para el caso, reviste, en cierto modo, las proporcion­es de una forma de asilo, a tono con una tradición que nos honra. El reproche o la censura de la obra literaria del escritor, que tiene el mayor reconocimi­ento en lengua española, no debiera ser objeto del juicio de los legislador­es, al contrario de lo que acontece en Nicaragua.

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