Contraloría sanciona a Johnny Araya por caso de parquímetros
››Empresa española Setex Aparki recibió ¢253 millones hace tres años
El alcalde Johnny Araya habría actuado “de manera negligente e imprudente” al permitir el pago de una millonaria indemnización y otros dineros a la empresa encargada de los parquímetros de San José.
Así lo indicó la Contraloría General de la República (CGR) en una resolución que emitió este martes, en la que ordenó suspender por 30 días y sin goce de salario al gobernador capitalino y otros cuatro funcionarios.
Estos últimos son Osman Mariano Rodríguez Solís, Edgar Luis Sandoval Montero, Mario Enrique Vargas Serrano y Alexander Cerdas Rojas.
La CGR encontró a Araya
como “responsable administrativamente en grado de culpa grave”, por un pago sin “fundamento técnico” de ¢253 millones a la empresa española Setex Aparki, en el 2018.
Los hechos se remontan a 2019, cuando el regidor municipal Diego Miranda, con ayuda del diputado frenteamplista José María Villalta, denunció presuntas irregularidades en dineros girados a esa compañía.
Desde 2014, Setex Aparki alegó un desbalance financiero ante la municipalidad por el grado de ocupación de parquímetros. En el cartel de licitación, primero se estimó de un 60 a 70%, pero luego se actualizó a un 13%.
Sin embargo, cuando la empresa se quejó de que no se cumplía con la demanda del servicio establecida, lo hizo con base en el porcentaje inicial, sin tomar en cuenta la actualización, y aún así fue indemnizada, pese a no haber presentado un sustento legal y técnico en su queja.
La Municipalidad modificó el contrato inicial con la firma para incrementar el porcentaje de comisión que recibe la compañía por cada hora de parqueo y además un 5% extra por concepto de multas.
“Concluye este órgano decisor que el señor Araya Monge promovió y recomendó se aprobara un reajuste contractual y reconoció pasar de una comisión de un 32% a un 45% a favor de la empresa, cuando se había indicado que un porcentaje mayor de un 33% resultaría ruinoso para la Municipalidad”, apuntó la CGR.
La Contraloría reveló que la conducta del gobernador fue “grave y reprochable” y que incurrió en una violación al deber de probidad establecido en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.
También que violentó diferentes normas que componen el Ordenamiento de Fiscalización Superior, como el hecho generador de responsabilidad que regula el artículo 110 de la Ley de Administración Financiera, inciso b.
Araya salió al paso de lo recomendado por el ente contralor y alegó que la resolución ni siquiera está en firme y se defendió bajo el argumento de que los parquímetros le han generado cuantiosos ingresos al ayuntamiento.
“Tengo la plena certeza de que quedará plenamente demostrado que los funcionarios municipales, regidores y yo actuamos, sin irregularidad alguna y correctamente, con pleno apego a la Ley, lo que permitió evitar una millonaria demanda”, argumentó el jerarca.