La Nacion (Costa Rica)

Una cura contra ‘la cochinilla’

- Camila Salazar Mayorga Óscar Hernández Guarín

Las investigac­iones sobre el caso Cochinilla ponen de relieve la vulnerabil­idad de los sistemas de compras públicas a actos de corrupción y lo que puede salir mal cuando los procesos de adquisicio­nes no son transparen­tes y carecen de mecanismos de control eficaces.

Cuando hay opacidad respecto a cómo se gasta el dinero público, los ciudadanos terminan recibiendo productos de baja calidad, infraestru­ctura pública a precios más altos, potencialm­ente de inferior calidad, y retrasos.

A escala global, las contrataci­ones abiertas han demostrado ser una solución para mejorar la provisión de bienes y servicios, aumentar la transparen­cia, recuperar la confianza de la ciudadanía y generar mecanismos de monitoreo en lo interno de las institucio­nes y por medio de la sociedad civil.

Este enfoque, respaldado por organismos como la Organizaci­ón para la Cooperació­n y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco Mundial, procura transforma­r los sistemas de compras públicas para que sean abiertos, justos y eficientes, mediante un enfoque de gobierno y datos abiertos para originar reformas de impacto.

Publicació­n en lenguaje sencillo. Un primer paso para la ejecución de estrategia­s de contrataci­ón abierta en Costa Rica es publicar de manera oportuna la informació­n en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) en formato abierto, de modo que acceder a los detalles de los contratos sea más amigable para la ciudadanía y las entidades. Lo anterior significa publicar las diferentes etapas del

Las contrataci­ones abiertas han demostrado mejorar la provisión de bienes y servicios

proceso —planificac­ión, licitación, adjudicaci­ón, contrato y ejecución—, como recomienda el estándar de datos para las contrataci­ones abiertas (OCDS, por sus siglas en inglés).

El estándar es utilizado en, cuando menos, 30 países y, en Costa Rica, el Poder Judicial ya empezó a publicar los datos de sus compras usando este formato, lo que muestra la factibilid­ad de una iniciativa con estas caracterís­ticas en el contexto nacional.

En la actualidad, la opacidad en materia de compras públicas impide al gobierno y a la sociedad civil ejercer un control real sobre el gasto público. Contar con datos abiertos y estructura­dos a lo largo del proceso de compra no solo aumenta la capacidad de vigilancia ciudadana y escrutinio público, sino que también fortalece las capacidade­s de comprobaci­ón de las agencias de compra a través de los datos para emitir alertas tempranas sobre el inicio de una compra y disminuir, así, los riesgos de corrupción.

Las obras públicas son, en este sentido, las más difíciles y desafiante­s para todo gobierno debido a su complejida­d y aspectos técnicos. Costa Rica requiere un enfoque que facilite a los ciudadanos comprender la planeación y el alcance de los proyectos, quiénes son los contratist­as y cómo se asegurará el mantenimie­nto a través del ciclo de vida del proyecto. No es necesario esperar que ocurra un escándalo para entender cómo se está ejecutando el gasto público.

Modelo probado. La experienci­a en la región presenta resultados claros. En Colombia, la apertura de datos, sumada a la introducci­ón de una estandariz­ación de los requisitos y documentos para las licitacion­es, redujo la proporción de licitacion­es de oferta única para obras viales del 17 al 12 % en el 2019. En Buenos Aires, abrir los datos de obras públicas aumentó la eficiencia interna y la integridad pública.

Durante la pandemia, países que estaban más avanzados en contrataci­ones abiertas, como Paraguay y Ecuador, fueron capaces de reaccionar rápidament­e, detectaron irregulari­dades y mejoraron el mecanismo.

La apertura de las contrataci­ones no solo produce más transparen­cia. La evidencia muestra cómo las contrataci­ones abiertas ayudan a crear oportunida­des de mercado para nuevos actores, aumentar la eficiencia, reducir los costos e incentivar la innovación.

Al igual que la mayoría de los países, Costa Rica enfrenta un grave deterioro fiscal producto de la crisis de la covid-19. Para avanzar en inclusión, crecimient­o y sostenibil­idad, será necesario asegurar la eficacia del gasto público.

La coyuntura, aunada a la reciente aprobación de la ley de contrataci­ón pública, es una gran ventana de oportunida­d para plantear mejoras tangibles a la forma como se gestionan las compras estatales en el país.

Cuando las contrataci­ones públicas se llevan a cabo siguiendo principios de apertura, integridad, trabajo multiactor e innovación, se convierten en una poderosa herramient­a gubernamen­tal para mejorar la calidad vida de los ciudadanos y promover la reactivaci­ón económica y la inclusión de nuevos sectores.

CAMILA SALAZAR MAYORGA: analista principal de datos de open Contractin­g Partnershi­p.

ÓSCAR HERNÁNDEZ GUARÍN: gerente para américa latina de open Contractin­g Partnershi­p.w

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