Ministerio Público tramita otras dos investigaciones contra el PRN
Además de la investigación sobre el supuesto pago de comisiones a dos proveedores, la Fiscalía tiene abiertas otros dos causas por supuestas anomalías en el financiamiento de la campaña electoral del Partido Restauración Nacional (PRN), en el 2018.
La primera pesquisa se tramita bajo el expediente N.° 18-000075-1218-PE, en la cual se indaga una estructura paralela de financiamiento durante la campaña presidencial de Fabricio Alvarado.
Dicha investigación inició luego de que el diputado Carlos Avendaño denunciara que el equipo de Alvarado habría realizado una serie de gastos que nunca pasó por el tamiz de legalidad ni por los sistemas de control que estableció, en ese entonces, el Comité Ejecutivo del PRN para ese proceso electoral.
Además, en ese expediente se investiga una supuesta donación ilegal del alquiler de la sede de campaña que Fabricio Alvarado tuvo en Sabana Norte, San José, durante dos meses, previo a la segunda ronda electoral del 1.° de abril del 2018.
De acuerdo con la denuncia, que Avendaño presentó en su momento al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), el pago de ese arrendamiento se hizo desde la cuenta bancaria de la sociedad anónima One Sports Costa Rica.
El Código Electoral prohíbe las contribuciones de personas jurídicas, ya sea con dinero en efectivo, o bien, en especie.
Actualmente, esta causa se encuentra en investigación por un presunto delito de infracción al Código Electoral.
De acuerdo con el Ministerio Público, ya se “tomó la declaración indagatoria a dos personas de apellido Hernández y Picado”.
Se trata del abogado Jonatán Picado, un cercano colaborador de Fabricio Alvarado, y de Adriana Hernández, la otra asistente del entonces jefe de campaña, Juan Carlos Campos.
Personas que trabajaron en el corazón de la campaña de Fabricio Alvarado le relataron al TSE cómo el comando recibía dinero en efectivo, principalmente en fajos de $1.000, para pagar proveedores y empleados.
Al parecer, ese flujo de recursos no consta en los registros oficiales que exige la legislación electoral para conocer el origen de los fondos.
La segunda investigación se tramita en el Ministerio Público bajo el expediente N° 18000106-1218-PE.
Desde el 20 de noviembre del año pasado, fue remitida al Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública, con la acusación y la solicitud de apertura a juicio.
El Ministerio Público decidió acusar formalmente a dos hombres de haber donado ilegalmente dos viajes en helicóptero a esa campaña electoral.
Uno de los imputados es Paulo Rodríguez Herrera, un empresario ganadero a quien el Partido Restauración Nacional reportó como donante de los dos viajes en helicóptero.
El otro encartado en este proceso es Jorge Luis Quirós Bolaños, presidente de la sociedad anónima Inversiones Goldcafé. Dicha compañía, en apariencia, habría pagado esos vuelos.