Uccaep y sindicatos proponen alza salarial para 28.800 empleados
››iniciativa de esos sectores obligaría al Estado a incumplir la regla fiscal
Los sindicatos y la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep) plantearon una propuesta de moción para el proyecto de reforma al empleo público que implicaría alzas salariales adicionales para un grupo de 28.800 funcionarios públicos.
Así consta en una enmienda de 18 páginas que representantes de la Uccaep y de los gremios entregaron a las fracciones legislativas este lunes, donde además sugieren que para esos empleados estatales haya ajustes por costo de vida, aunque la regla fiscal impide este tipo de aumentos mientras la deuda pública supere el 60% del producto interno bruto (PIB), como ocurre actualmente.
La propuesta plantea modificar el transitorio XI del proyecto 21.336, el cual versa sobre la transición de los empleados públicos actuales al esquema de sueldo global, en el que ya no existen pluses salariales.
La versión actual del texto establece que los funcionarios actuales con salarios inferiores al futuro sueldo global seguirían recibiendo su remuneración con pluses hasta alcanzar el nuevo esquema y, entonces, migrarían a este. La idea es evitar un incremento súbito en el gasto público, pues el traslado inmediato le costaría unos ¢32.000 millones anuales al Estado.
Los gremios proponen una redacción distinta. En el inciso b del transitorio, plantean que el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán), la Dirección General de Servicio Civil y la institución donde labore la persona definirán “de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria” una política de incrementos salariales adicionales a los ajustes por costo de vida.
La intención de esa norma es que la remuneración del trabajador alcance el salario global de una forma más rápida.
En varias ocasiones, el gobierno ha advertido de que cualquier forma de incrementar aceleradamente el sueldo de los empleados que estén por debajo del salario global tendría un fuerte impacto en las ya deterioradas finanzas públicas.
En diciembre, el Ejecutivo indicó que el traslado inmediato le costaría ¢25.725 millones al Gobierno, los poderes Legislativo y Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y órganos adscritos, así como ¢6.525 millones al resto de las instituciones.
La moción de los gremios contraviene la regla fiscal al hablar de aumentos salariales adicionales, aparte de los que reciban por costo de vida, pues esa norma del 2018 congela los incrementos por inflación, tanto sobre el salario base como en los demás incentivos, hasta que la deuda baje del 60% del PIB. El endeudamiento público es de un 67,5% del PIB.
La ministra de Planificación, Pilar Garrido, dijo que no sería idóneo hacer esos incrementos salariales por la sostenibilidad de las finanzas públicas.
“Lo que corresponde y la preocupación que se ha manifestado es de naturaleza constitucional. Para eso, habrá una consulta posterior, como parte del trámite del expediente”, indicó.