Derechos de la defensora
Catalina Crespo, defensora de los habitantes, acusa a sus subalternos de vulnerar sus derechos humanos al pedirle abandonar el cargo. Una vez más demuestra un cuestionable concepto de esos derechos. La defensora había adelantado la extraña tesis de su inmunidad frente a la crítica porque, según su criterio, debilita los órganos de control y defensa de los derechos humanos.
Puede doña Catalina emitir criterios precipitados, sin participación de los profesionales en derecho de la institución. Puede cuestionar al presidente de la República sobre la base de un interrogatorio preparado por su asesor de prensa, sin consultar a los abogados, y luego extraviar parte de la grabación. Puede abstenerse de informar del extravío hasta que la presentación de un recurso de amparo obliga a admitirlo y puede, más tarde, excusar la omisión con el peregrino argumento del cierre de la comisión legislativa a causa de la pandemia.
Puede borrar del informe el nombre de Rodolfo Piza y poner a la institución en ridículo ante el Congreso, pero si en alguna de esas minucias encontramos razón para la crítica, nos corresponde callar para no debilitar a los órganos de control y defensa de los derechos humanos. La doctrina, y también la jurisprudencia, más bien postulan la obligación de los funcionarios a tolerar la crítica, pero la Defensoría no reconoce el precepto, al menos cuando se le aplica a ella misma. Habrá que esperar su opinión sobre la posibilidad de que una crítica al ministro de Seguridad afecte la lucha contra el narcotráfico o un cuestionamiento al ministro de Hacienda repercuta sobre la economía.
La defensora no específica cuál es el derecho vulnerado en su caso. Hace alusión al derecho a la defensa, pero ese es duende de otro cuento. Si hubiera sido sancionada tras un procedimiento administrativo o judicial, tendría razón, pero la manifestación de sus subalternos no es una sentencia ni un acto administrativo vinculante. Es una petición de un grupo de funcionarios avergonzados por el descrédito de la institución donde trabajan.
Como manifestación ciudadana o, si se quiere, como acto meramente político, no requiere de los estudios técnicos o jurídicos exigidos por la defensora. Doce directores de departamento acordaron instarla, “respetuosamente”, a “considerar” su renuncia al cargo. Otros 54 funcionarios hicieron lo mismo poco después. Doña Catalina debería escucharlos, me atrevo a opinar sin procedimiento previo.