Fondo financiaría subsidio a 790.000 damnificados
Plan daría ¢125.000 a los despedidos y ¢62.500 a los que les bajaron salario
El gobierno prevé sumar suficientes recursos para subsidiar a 790.000 trabajadores afectados por la crisis económica provocada por el coronavirus.
Mediante cinco fuentes de financiamiento, el Ejecutivo esperar recaudar ¢296.000 millones para cubrir a esa población, según expuso este lunes la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Geannina Dinarte, a los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa.
El plan del gobierno es otorgar ¢125.000 mensuales a quienes perdieron el empleo o les suspendieron los contratos de trabajo, y ¢62.500 a quienes les redujeron la jornada laboral.
Dinarte y Juan Luis Bermúdez, presidente ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), participaron en una mesa de trabajo virtual convocada por los congresistas.
La Comisión de Hacendarios discute un presupuesto extraordinario presentado por el gobierno, en Semana Santa, con el cual se lanzaría un primer programa de subsidios por ¢150.000 millones para atender a 400.000 trabajadores.
El Ejecutivo ya disponía de otros ¢21.000 millones para atender a otras 56.000 personas, con recursos de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y el Ministerio de Trabajo (MTSS).
Por último, el Congreso ya aprobó un proyecto para aprovechar ¢50.000 millones provenientes de los precios de los combustibles y discute la aprobación de otros ¢75.000 millones de las ganancias del Instituto Nacional de Seguros (INS), para el plan de subsidios.
Estos recursos, sumados, permitirían cubrir a otras 333.333 personas.
Según afirmó Dinarte, los ¢21.000 millones con los que cuentan serán girados a finales de esta semana y a principios de la siguiente, mediante la entrega del bono Proteger.
No obstante, una vez que se acaben esos recursos, será necesario aprobar más dinero.
La ministra de Trabajo explicó a los diputados que el gobierno ha vislumbrado distintos escenarios, con base en los 1,7 millones de personas ocupadas del sector privado que reporta la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) del Instituto
Nacional de Estadística y Censos (INEC).
Dinarte comentó que la proyección se ha realizado suponiendo que hasta un 40% de esas personas; es decir, unas 720.000, se vean afectadas por la crisis del covid-19.
Hasta el momento, casi 300.000 personas han completado el formulario para pedir el bono Proteger.
Inquietudes. Una de las inquietudes de los diputados es cómo pretende el gobierno llegar a los trabajadores informales, tomando en cuenta la carencia de datos relacionados con esa parte de la población ocupada.
Otto Roberto Vargas, del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC), consultó a Dinarte y a Bermúdez por qué la propuesta del Ejecutivo está enfocada, sobre todo, en los asalariados, cuando, en el 2019, más de 1 millón de personas eran trabajadores informales.
Según la jerarca de Trabajo, “al sector informal lo va a atender el IMAS, pero no solo a los que están en pobreza”.
Los recursos para otorgar los subsidios serán gestionados el Ministerio de Trabajo, mediante el Programa Nacional de Empleo, y por el IMAS, en sus distintos programas de ayuda social a familias en pobreza y pobreza extrema.
La fórmula para calcular cuánto dinero se otorgará a los beneficiarios mediante el bono Proteger está basada en tres variables: el número de miembros promedio por hogar, el costo promedio de la canasta básica alimentaria y el promedio de personas ocupadas por hogar.
José María Villalta, diputado del Frente Amplio, pidió a los ministros revisar el mecanismo de cálculo mediante el cual se define el monto para entregar los subsidios.
“Si hay un hogar donde dos personas trabajan y ambos reciben subsidio, les da para comer, pero si es una jefa de hogar sola, no lo va a lograr”, comentó.
Los diputados recordaron a los ministros la compleja situación en la que se encontraba el país antes de la emergencia por el coronavirus.
Hoy, el 21% de la población costarricense está en pobreza.
Además, antes de la crisis, el porcentaje de desempleo abierto era del 12,4%. El desempleo abierto comprende a todas aquellas personas dentro de la fuerza laboral quienes no tienen empleo a pesar de estar disponibles para trabajar de inmediato.