¢107.000 de multa y retiro de placas por violar restricción vehicular sanitaria
Con el voto unánime de los 46 diputados presentes, la Asamblea Legislativa aprobó este miércoles dos proyectos de ley para incrementar las multas contra quienes violen las restricciones impuestas para afrontar la pandemia del nuevo coronavirus.
Por un lado, subirá de ¢23.415 a unos ¢107.000 la sanción por violar la restricción vehicular sanitaria.
Asimismo, se impondrán multas de entre ¢450.000 y ¢2,3 millones a quienes irrespeten las órdenes sanitarias de aislamiento emitidas por el Ministerio de Salud.
Las iniciativas recibieron el voto favorable de los diputados en dos votaciones diferentes, durante una nueva sesión celebrada por el plenario en el Auditorio Nacional del Museo de los Niños.
En el caso de la sanción para los conductores, la reforma a la ley de tránsito implicará también para el infractor la pérdida de seis puntos en su licencia y el retiro de las placas de su vehículo.
Actualmente, la multa por incumplimiento de la restricción vehicular ordenada por el Ejecutivo es de ¢23.415.
La reforma introduce un nuevo artículo, el 95 bis, que incluye una multa particular cuando el Gobierno decrete una restricción vehicular por una emergencia nacional, sea de índole sanitaria o no.
Regulación en vehículos. En la actualidad, la restricción vehicular sanitaria rige de 10 p. m. a 5 a. m., y los fines de semana, de 8 p. m. a 5 a. m.
Sin embargo, el presidente de la República, Carlos Alvarado, anunció este miércoles nuevos horarios para evitar la salida masiva de personas durante Semana Santa.
Entre este viernes 3 de abril y el martes 7, la limitación nocturna ahora se extenderá de 5 p. m. a 5 a. m.
Además, entre el sábado 4 y el martes 7, también se aplicará una restricción diurna por número de placas. (Vea detalle en pág. 4).
El lunes 13 de abril retornarán las restricciones actuales.
Alvarado calificó de “patriótico y excepcional” el quehacer de los diputados y anunció que, si el Congreso aprueba este viernes las nuevas multas en segundo debate, el gobierno apurará los trámites para la pronta entrada en vigencia de estas.
Los diputados promotores de la reforma alegaron que una parte de la población no ha atendido las órdenes emitidas por la pandemia del covid-19 e, incluso, circula en horas de restricción vehicular en estado de ebriedad.
A ayer, Costa Rica registraba un total de 375 personas enfermas por covid-19, según el reporte dado por las autoridades de Salud. Nueve de los pacientes están internados en unidades de cuidado intensivo.
Hasta este miércoles, la Policía de Tránsito ha multado a 2.079 personas por incumplir la restricción vehicular sanitaria decretada por el Ejecutivo.
Otras sanciones. Lo mismo sucede con personas que, pese a tener una orden de aislamiento establecida por el Ministerio de Salud, incumplen la medida y generan un riesgo de contagio del nuevo coronavirus.
El miércoles 18 de marzo, un turista fue retenido por las autoridades cuando intentaba dejar el país por el aeropuerto Daniel Oduber, en Liberia, a pesar de que el Ministerio de Salud le había indicado mantenerse en aislamiento por sospechas de covid-19.
Para prevenir situaciones como esta, el gobierno promovió una reforma a la Ley General de Salud que impone fuertes sanciones contra quienes violenten las disposiciones sanitarias. Las multas aprobadas por los diputados serían de tres tipos.
En primer lugar, se castigaría con ¢450.200 (un salario base) a quien irrespete el aislamiento sanitario que se le imponga por tener factores de riesgo de un cuadro grave de enfermedad.
La suma subiría a ¢1,35 millones si la persona que viola el aislamiento sanitario es sospechosa de tener un mal contagioso o, aun sin presentar síntomas o signos evidentes de padecimiento, tenga contacto cercano con un agente causal de la enfermedad.
Finalmente, serán ¢2,3 millones si la persona irrespeta el aislamiento sanitario a pesar de que se le haya diagnosticado, médica o clínicamente, una enfermedad contagiosa.
La reforma legal mantiene una excepción para las personas que, en virtud de un estado de necesidad, tengan que abandonar su lugar de aislamiento; la misma excepción se aplicaría para quienes estén en situación de calle.
La ejecución de las multas estaría en manos de Salud.