Gobierno dejaría vías más complejas con 30% de avance
→Rige para carreteras San José-San Ramón, y a San Carlos, que tienen décadas de atraso →Obras que estarían listas en ruta a Cartago incluirían los intercambios Taras y La Lima
Proyectos de larga data
Aplica para carreteras San JoséSan Ramón, y a San Carlos, que tienen décadas de atraso
De mayor provecho
Obras que estarían listas en ruta hacia Cartago incluirían los intercambios a Taras y La Lima
Con dinero prestado
La mayor parte de estos grandes proyectos se financian con fondos del crédito del BID para infraestructura
El Gobierno fijó como meta “realista” en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022 dejar con un avance del 30% tres de las obras de infraestructura vial más grandes y por las que el país ha esperado décadas.
Se trata de la vía entre San José–San Ramón (60 km) cuya ampliación está pendiente desde el 2012, luego del fallido contrato de concesión con la empresa brasileña OAS.
En la lista también figura la nueva carretera de San Carlos en la cual el actual Gobierno optó por romper el convenio con la constructora Sánchez Carvajal luego de 14 años de tropiezos su construcción.
La última es el corredor vial entre San José y Cartago con más de 10 años en espera.
Al fijar ese 30% de avance, durante la presentación del plan, el Ejecutivo pretende ser “realista”, según palabras del ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez.
Detalle de obras. De acuerdo con el plan del Gobierno, la carretera entre San José y Cartago será la que mayor beneficio traiga a los conductores al término de este mandato, pues la tercera parte anunciada incluye la conclusión de los intercambios de Taras y La Lima.
Ese viaducto sería la primera estructura que tendría cuatro niveles en el país.
Según los diseños presentados por el MOPT, en Taras, el paso elevado dispondrá de tres carriles por sentido, con anchos de 3,3 metros y espaldones de 1,2 metros, así como aceras de al menos dos metros.
En La Lima también se busca privilegiar la circulación desde la Interamericana Sur hacia Cartago y viceversa, por la ruta nacional 10 (que cruza Cartago, pasa por Turrialba y llega hasta Siquirres).
El proyecto también contempla una intervención integral del tramo de carretera de 2,8 kilómetros que se encuentra entre estos dos pasos elevados.
La obra tiene un costo de $66,5 millones, de los cuales, $50 millones provendrán de un crédito sombrilla del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El ministro Méndez aseguró que la obra debe salir a licitación a inicios del otro año, de modo que quede adjudicada y pueda recibir orden de inicio en el 2020. Ambos pasos estarían listos en el 2022.
Una vez concluida esta obra, sería dada en concesión la ampliación a cuatro carriles de los 25 kilómetros entre las Garantías Sociales, en Zapote, San José, y los nuevos intercambios.
Al igual que con otros proyectos, la intención del MOPT es que ese paso a desnivel cuente como un “aporte estatal”, lo que permita que los peajes que cobre el concesionario sean “socialmente aceptables”.
El costo total estimado del corredor completo es de $400 millones.
Sobre el tramo San José–San Ramón, el plan de la administración actual es completar una serie de obras llamadas “impostergables” en lo que se inicia la ampliación de los 60 kilómetros.
Méndez anunció que a esas obras habría que “sumarle algo más” para considerar el 30% del proyecto total.
El plan del Ejecutivo es arrancar en el segundo semestre del próximo año con la ampliación de tres puentes: uno sobre el río Segundo en la autopista General Cañas, y otros sobre los ríos Ciruelas y Alajuela, en la carretera Bernardo Soto.
En total se intervendrán 15 puntos, que incluyen mejoras en puentes, intersecciones y radiales a lo largo de la ruta a San Ramón.
Esas obras deberían estar terminadas en el 2020 y tienen un valor de $90 millones, de los cuales, $50 millones provendrán del empréstito del BID y los $40 restantes serán aportados por el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).
También se incluye dentro de este paquete la ampliación de la carretera que va desde el puente sobre el río Virilla en Santa Ana hasta el aeropuerto Juan Santamaría.
El objetivo del Gobierno es que se avance en esos 15 sitios, mientras el Banco de Costa Rica (BCR), encargado del fideicomiso de ampliación de la carretera, contrata estudios de factibilidad y financieros.
Asimismo, debe definir el número de expropiaciones, realizar los diseños y fijar la tarifa de peajes de la futura vía.
Los otros puntos que se intervendrán se ubican sobre el río Torres (cerca del Hotel San José Palacio) y nuevas intersecciones en Circunvalación (frente al monumento del Agua), el Colegio Castella, antigua Firestone, El Coyol, Fábrica Nacional de Licores (Fanal), Grecia, Naranjo, Río Grande y San Ramón.
Además, se prevén bahías de autobuses para darle fluidez al tránsito.
El fideicomiso a cargo del BCR para la ampliación total de la vía es por $650 millones.
Larga data. Finalmente, la meta del Gobierno es completar al menos una de las secciones de los 30 kilómetros entre Sifón de San Ramón y la Abundancia de San Carlos.
El ministro indicó que actualmente tienen pendiente la realización de varios estudios para determinar qué cambios deberán introducirse.
Adelantó que a final del próximo año podrían licitar el tramo de la punta sur.
La administración Alvarado rompió en agosto el contrato con la empresa Sánchez Carvajal, luego de 14 años sin que se pudieran concretar las obras y tras consumir poco más de $300 millones.
Ahora, el Ejecutivo estima que requerirán otros $300 millones para completar la carretera, de los cuales ya cuenta con $200 millones que también provendrán del préstamo del BID.
Los restantes $100 millones deberán salir de los recursos propios del Conavi.
El trayecto de 30 kilómetros se ideó desde hace 50 años y la construcción comenzó en el 2005, sin que a la fecha se haya podido habilitar.
“NADA GANA UNO CON LEVANTAR EXPECTATIVAS QUE DESPUÉS NO SE PUEDAN CUMPLIR. AQUÍ LO HEMOS DICHO CLARAMENTE: LO TÉCNICO ANTES DE LO POLÍTICO.
Titular de Transportes
Rodolfo Méndez