CCSS intenta bajar costo de medicinas caras para el cáncer
Negociación con farmacéuticas
Cuando la Caja compraba el Rituximab a un solo oferente, debía pagar por cada tratamiento $18.630 anuales. El precio cayó a $9.153 en el momento en que el mercado se abrió a la competencia al vencer los derechos de la patente por propiedad intelectual.
A partir de ese momento, la institución pudo acceder a productos biosimilares.
La última adquisición de ese fármaco, utilizado para tratar un tipo de linfoma, se hizo en el 2016, y superó los $5,7 millones al año.
Para el 2019, la compra del biosimilar rondará los $2,4 millones; una diferencia de más de $3,2 millones anuales con respecto a la última compra. El dinero que se ahorra con la reducción de precios se podrá usar para otras medicinas.
Según el Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos, un fármaco biosimilar debe demostrar que es seguro, eficaz y funciona de la misma manera que el medicamento de referencia, o el original. Sus costos son sustancialmente menores al del producto original, pues el laboratorio no ha tenido que invertir en investigación y desarrollo.
Según datos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en el momento en que vence la patente y el mercado se abre a la competencia, el precio del producto cae un 50% o más del precio original.
El acceso a las llamadas innovaciones terapéuticas tiene un alto impacto financiero para la institución, pues son productos cubiertos por la patente de propiedad intelectual y, en consecuencia, con proveedores únicos: los laboratorios que descubrieron y desarrollaron el medicamento.
Únicamente cuando se acaba el periodo de la patente (20 años, incluyendo la investigación, el desarrollo y la comercialización), se puede tener acceso a otros productos cuyos precios son más bajos.
Solo en 2017, la Caja compró 41 medicamentos de alto costo para un grupo reducido de pacientes (unos 4.000, principalmente de cáncer).
De esos 41 fármacos, 28 estaban protegidos por la patente de propiedad intelectual y 39 tenían oferente único.
Un grupo de 22 de esas medicinas tuvieron que ser suministrados por orden de la Sala IV (53% del total de los fármacos de alto costo). El costo de la erogación fue de $8,5 millones solo en 2017, con un tipo de cambio de ¢572, para un total en moneda nacional de ¢4.868 millones.
La CCSS invirtió casi $50 millones en comprar medicinas de alto costo durante el 2017.
“El tema aquí es cuáles medicamentos tienen propiedad intelectual y el número de oferentes. En la Caja vemos cómo a pesar de que no tienen propiedad intelectual seguimos teniendo prácticamente un oferente único para muchos de estos medicamentos de alto costo”, dijo Albin Chaves, director de Farmacoepidemiología de la Caja.
Según Chaves, esto se debe, entre otras cosas, a que el mercado costarricense es muy pequeño y hay que buscar otras estrategias para hacerlo más atractivo a otros oferentes.
La entidad lidera una negociación regional con farmacéuticas para que faciliten el acceso de los países como el nuestro, con ingresos per cápita bajos, a las verdaderas innovaciones terapéuticas. Se trata de aquellos medicamentos donde la Medicina basada en la evidencia garantiza resultados en la salud del enfermo que los hace seguros, eficientes y de calidad.
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