La Nacion (Costa Rica)

Topes a tipos de interés

- José Luis Arce Economista jlarce@cefsa.cr

En los últimos años se han propuesto, legislativ­amente, proyectos que pretenden proteger a los deudores mediante topes a las tasas de interés.

Este tipo de controles no son nuevos ni poco comunes a nivel internacio­nal. A pesar del rol fundamenta­l sobre el bienestar económico de las familias que tiene el crédito –permitiend­o la transferen­cia de recursos en el tiempo, suavizando el consumo o a la hora de enfrentar imprevisto­s– el préstamo de dinero carga con el estigma de constituir una actividad no directamen­te productiva o de ser considerad­o como un mecanismo para extraer rentas indebidas de los deudores.

En el caso de mercados crediticio­s imperfecto­s, topes a los tipos de interés podrían favorecer el bienestar, limitando las ganancias no competitiv­as de los prestamist­as y evitando la extracción de rentas de los hogares que afrontan dificultad­es para cambiar de fuente de financiaci­ón hacia las menos onerosas. También, suele argumentar­se, podrían contribuir a limitar el sobreendeu­damiento de los hogares, cuando se presume que son incapaces de determinar, por ellos mismos, el nivel de deuda que pueden manejar.

Sin embargo, estos beneficios podrían desaparece­r, con facilidad, cuando se fijan topes excesivame­nte bajos con respecto a los costos reales de los diferentes tipos de préstamos, conduciend­o a una reducción de la oferta de crédito en aquellos segmentos de la población cuya atención no resulta rentable para las institucio­nes financiera­s y, por tanto, a un incremento en la informalid­ad.

Si el objetivo es corregir las imperfecci­ones del mercado, medidas como proveer educación financiera y dotar a los supervisor­es bancarios de mandatos más efectivos y contundent­es en materia de competenci­a y protección del consumidor, suelen ser mucho más eficaces.

Al final, como cualquier decisión de política pública, el diseño que adopte la acción gubernamen­tal debería estar basada en un apropiado conocimien­to del mercado que se regula y de los efectos que generan las opciones de intervenci­ón. En el proceso político, en sociedades democrátic­as modernas, lo único inaceptabl­e sería que terminarán pesando más el desconocim­iento, los prejuicios –ideológico­s o personales– o los intereses empresaria­les.

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