Poco chance para arreglo negociado sobre Cataluña
Atres días de que el Senado español apruebe la intervención del autogobierno de Cataluña para atajar una posible secesión, Madrid y Barcelona mantenían un tira y afloja ante una posible comparecencia del presidente catalán en la Cámara Alta.
A pedido del gobierno conservador de Mariano Rajoy, el Senado debe dar luz verde el viernes a unas medidas sin precedentes en 40 años de democracia, decididas al amparo del artículo 155 de la Constitución española. Una de ellas es la destitución en bloque del ejecutivo regional, dirigido por el independentista Carles Puigdemont.
También se ha solicitado poner bajo tutela la actividad del Parlamento catalán, dominado por los secesionistas, y la toma de control de la Policía autónoma (Mossos d’Esquadra) y los medios públicos de comunicación.
Antes de la aplicación de estas inauditas medidas, el portavoz del Gobierno regional, Jordi Turull, dijo ayer que Puigdemont quiere expresarse en el Senado, aunque no garantizó que vaya a hacerlo.
“La voluntad es ir a poderse explicar, contestar esta acción del Estado español, pero (...) no les puedo asegurar si, materialmente, va a ser posible o no”, manifestó Turull.
El Senado, donde elPartido Popular de Rajoy tiene mayoría, ha ofrecido a Puigdemont hablar o bien el jueves ante una comisión, o el viernes ante el pleno de la Cámara, en Ma- drid. Enambos casos habría réplica del Gobierno.
El problema es que el horario programado coincide con una reunión plena en elParlamento catalán, en Barcelona, al que tiene que asistir el presidente regional.
Dicho pleno, propuesto por los mismos independentistas para el jueves, tiene como objetivo responder a la aplicación del artículo 155. La fecha dependerá, finalmente, de si Puigdemont va o no a Madrid.
Los independentistas no dejan de amenazar con dar cumplimiento al “mandato” emanado del referendo de autodeterminación del 1.° de octubre, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional español.
La consulta no tuvo garantías –entre otras cosas, no se aseguró el voto secreto ni hubo autoridad electoral independiente–, aunque el Gobierno regional asegura que hubo un 90% de votos a favor (sí) de la secesión, con una participación del 43%.
Másallá de ese posible debate en la Cámara Alta, las dos partes se mantienen firmes en sus posturas.
Turull anunció el martes una salva de recursos, empezando por uno ante el Tribunal Constitucional, para alegar que el Gobierno Central se sobrepasa con las medidas que va a someter al Senado.
Igualmente, la Generalitat (gobierno autónomo de Cataluña) solicitará al Tribunal Supremo la suspensión cautelar y por la vía urgente de la aplicación del artículo 155.