Exigen castigo para quienes ordenaron matar a ecologista
LA ESPERANZA, HONDURAS. AFP. - Miembros de organizaciones étnicas y sociales se concentraron ayer en La Esperanza, en el oeste de Honduras, para recordar a la ambientalista Berta Cáceres en el primer aniversario de su asesinato, y exigir castigo para los autores intelectuales del crimen.
“Por las movilizaciones que se han hecho, han capturadoa ocho gatilleros, pero faltan los que dieron la orden para matarla: los empresarios de los proyectos hidroeléctricos de muerte”, dijo Austra Flores (84 años), madre de la dirigente.
Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), fue asesinada la madrugada del 3 de marzo del 2016 por pistoleros que entraron a su casa, en la comunidad de La Esperanza.
Miembros de organizaciones sociales llegaron a La Esperanza el jueves, procedentes de distintas zonas del país, para participar, junto a familiares y miembros del Copinh, en los actos conmemorativos.
“Demandamos, ante todo, que aparezcan los culpables intelectuales del crimen contra Berta”, expuso el Copinh en una declaración en que exige que “el Estado hondureño asuma su responsabilidad” por lamuerte de a “quien no solamente desprotegió, sino que persiguió y criminalizó por su labor humanitaria”.
Cáceres fue acusada por la Fiscalía de “portación ilegal de amas” y, en febrero del 2014, un tribunal le impuso la prohibición de salir del país.
Posteriormente, se comprobó que el arma había sido colocada en su automóvil por policías para incriminarla, por lo que el juicio fue suspendido.
En el marco de la conmemoración, los miembros del Copinh y de otras organizaciones indígenas y de derechos humanos se reunieron el viernes en un centro social en La Esperanza para analizar la lucha de Berta y las consecuencias de los proyectos hidroeléctricos en la zona lenca, en el oeste del país.
Durante la noche, los participantes tenían planeada una vigilia en la casa de Flores.
Los actos de conmemoración finalizarán hoy, cuando la dirigente y luchadora por los derechos humanos estaría cumpliendo 46 años.
Flores responsabilizó de la muerte de su hija al Gobierno y a los militares hondureños, así como a los grandes empresarios de Desarrollos Energéticos S. A. (DESA) que construían el proyecto Agua Zarca en el río Gualcarque.