Lecciones de la intervención
La intervención de una entidad por parte de un regulador bancario no debería ser una sorpresa si la información sobre las finanzas y el manejo de la institución fuera transparente y oportuna a todas las partes involucradas en el negocio financiero. Sin embargo, la realidad dista de esta idealización en el caso de la intervención de Coopeservidores por parte de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
Como punto de partida, hay que cuestionarse sobre cuál es el rol que cumple una cooperativa como intermediario financiero y si es conveniente que crezca tanto como para convertirse en una entidad de carácter sistémica y si sus fines se alejan de los principios del cooperativismo. Desde 2016, esta cooperativa amplió su objeto social para prestarle servicios prácticamente a cualquier persona física o jurídica, al punto de convertirse en la cuarta cooperativa más grande. De hecho, es más grande que varios bancos privados del país y pretendía competir captando ahorros y otorgando créditos como lo hace un banco ordinario. En ese sentido, se le debería exigir los mismos requisitos de idoneidad y honorabilidad que rigen para los órganos directivos de los bancos.
Ya las pruebas Bottom Up Stress Test (BUST por sus siglas en inglés) del año pasado que realizó la Sugef mostraban que Coopeservidores podría tener problemas de suficiencia patrimonial ante escenarios negativos de estrés. Sin embargo, lo revelado hasta el momento apunta a que los problemas van más allá de un simple indicador de solvencia alterado por una crisis sistemática, pues la mayor parte del problema fue causado por deficiencias en el gobierno corporativo de la entidad.
Entre las principales deficiencias reportadas se encuentran créditos morosos mal clasificados, subestimaciones en las provisiones por incobrables, presuntos créditos otorgados bajo conflictos de interés y otras supuestas irregularidades. Claro está, es probable que estas acciones trasciendan, evadan o estén ausentes de reportes o controles a los que pueda tener acceso cualquier cliente.
Es claro que, bajo el ojo observador de la Sugef, en estos años fallaron las tres líneas de defensa establecidas en las normas de Basilea, a saber, la alta dirección, los comités auxiliares de riesgo y cumplimiento normativo, y la auditoría interna. Pero, sobre todo, falló el órgano de dirección cuyos miembros no estaban en capacidad de dirigir una institución de este calado.
Como en todo proceso de intervención, resulta positivo derivar lecciones para blindar al sistema de fallas similares en el futuro. Primero, si bien la Sugef ha dicho que la intervención de Coopeservidores no genera un riesgo de carácter sistémico, es necesario meditar si las carencias de gobierno corporativo detectadas en Coopeservidores son comunes en el sector cooperativo y si el ente regulador está en capacidad de detectar estas falencias con suficiente antelación, para mantener la confianza del público en este tipo de entidades.
Segundo, la persuasión moral es importante. Por ello, el público debe contar con información frecuente y entendible sobre el estado de las finanzas de las entidades que manejan sus dineros. Ello debe hacerse para que los clientes comprendan que existe un intercambio entre riesgo y rendimiento. O sea, que el público comprenda que una entidad que paga mayores intereses lo hace porque se está asumiendo un mayor riesgo al invertir en ella y en esos casos debe llamar la atención y levantar las banderas rojas cuando alguna entidad salga de la tendencia o de los precios de mercado en ese momento.
Tercero, es probable que esta intervención active por primera vez el uso del fondo de garantía de depósito creado, con gran acierto, en el año 2020. Este fondo, administrado por el Banco Central de Costa Rica, garantiza los depósitos de hasta ¢6 millones que se mantengan en intermediarios financieros supervisados por la Sugef. Sin embargo, hoy se excluyen del fondo a las mutuales de ahorro y crédito, por lo que sería adecuado extenderlo a todos los intermediarios financieros. También se podría ampliar este límite, si un cliente en particular desea adquirir una póliza voluntaria que lo cubra en casos de insolvencia, lo cual daría una mayor claridad del riesgo que se está asumiendo.