El lío jurídico que empantana la elección para contralor y personero
La solicitud de intervención de la Procuraduría, una tutela que ordena como medida provisional la suspensión del concurso y una medida cautelar, entre las acciones presentadas.
El concurso para escoger personero y contralor en el Distrito de Barranquilla se ha visto “empantanado” por las diferentes acciones de tutela que han presentado los concursantes inadmitidos, quienes consideran que sus derechos han sido vulnerados.
El lío jurídico tiene frenado el proceso que, al parecer, aún no tiene una solución definida.
El pasado 9 de septiembre un grupo de inadmitidos pidió a la Procuraduría tomar medidas en la convocatoria del concurso para que las garantías de los postulados se salvaguarde.
En la misma fecha, el juzgado quinto de pequeñas causas y competencias múltiples ordenó “suspender las pruebas de conocimiento y competencias que realizarán las personas admitidas para cumplir con los cargos de Personero y Contralor Distrital”.
En esa oportunidad, el juzgado dictó, como medida cautelar, la orden de suspender los concursos de méritos para proveer los cargos de los dos entes de control. La solicitud de medida provisional fue hecha por Jorge Enrique Osorio Mastrodoménico, uno de los aspirantes, al presentar una tutela contra el Concejo de Barranquilla y la Universidad Simón Bolívar.
Ahora el Juzgado 1° de Pequeñas Causas ordenó la suspensión del proceso para la escogencia de personero, al acoger la solicitud de medida cautelar presentada por el aspirante al cargo Germán Alonso Gutiérrez Frías.
En la medida cautelar, el juez ordena al presidente del Concejo de Barranquilla suspender las actuaciones que deban adelantarse dentro de las siguientes etapas del concurso público de méritos, para la elección de Personero Distrital de Barranquilla, hasta tanto se defina respecto de la solicitud de amparo hecha por Gutiérrez.
El aspirante presentó una acción de tutela con la pretensión de que el juez ampare sus derechos fundamentales al debido proceso administrativo, a la defensa y contradicción, a la confianza legítima, a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político y al principio constitucional del mérito.
Gutiérrez Frías, quien se desempeñó como defensor público, docente de la Universidad de la Costa y actual Procurador Judicial Administrativo de Riohacha, aseguró en su demanda que lo excluyeron del proceso, pero no le informaron los motivos de la inadmisión, para hacer las reclamaciones el 5 de septiembre, como lo establece las reglas de este concurso.
Según Gutiérrez, las explicaciones solo se le informaron el 6 de septiembre; es decir, un día después del vencimiento del plazo para hacer las reclamaciones correspondientes.
“Fui excluido del proceso. Soy un procurador judicial con las mismas calidades de un magistrado de Tribunal. Se me excluyó, según ellos, porque no presenté una carta diciendo que quería participar”, dijo.
Gutiérrez agregó que desconocieron que en la convocatoria pública se puso en consideración de los aspirantes un formato dirigido al Concejo Distrital, en el cual se realiza la manifestación de aspirar al empleo, se señala el número de los folios que allega el aspirante y que es suscrito por el mismo.
“Desde esta perspectiva, el Concejo, al poner a disposición de los interesados el señalado formato dentro de la convocatoria, pretendió que dicho formato que debía allegarse como anexo cumpliera funcionalmente con el requisito de que los aspirantes manifestaran su voluntad unilateral de acceder al empleo o pretendió generar confusión entre los interesados, sometiéndolos por esa vía a una exigencia formal e inconducente que facilitara su exclusión de proceso”, explicó.
LA TUTELA. En la tutela, Gutiérrez pide al juez que se amparen los derechos fundamentales al debido proceso, que se le ordene al Concejo y al Distrito de Barranquilla adelantar los trámites y actuaciones tendientes a valorarlo como admitido dentro de la convocatoria pública para la elección de personero, así como recomponer la lista de admitidos dentro de la convocatoria pública, integrando en ella su nombre como aspirante al cargo.
En la tutela también pide al juez que ordene que la lista de admitidos, junto con la hoja de vida y demás soportes documentales, sea enviada a la Universidad a efectos de que sea citado a la realización de la prueba escrita y continúe su participación en las demás fases de la convocatoria.
EL HERALDO llamó en reiteradas ocasiones al presidente del Concejo, Juan José Vergara, para consultarlo sobre los líos jurídicos que enfrenta el proceso, pero no respondió.
GERMÁN A. GUTIÉRREZ