Boca Cerrada, el pueblo de Sucre que no votó en las legislativas
En este corregimiento del municipio de San Onofre estaban habilitadas para sufragar unas 300 personas ➲ Esta población se niega a ser reubicada.
BSAN ONOFRE, SUCRE. oca Cerrada, uno de los pueblos del departamento de Sucre situado en la parte norte, en los límites con Bolívar, pero muy próximo al Canal del Dique, salió del anonimato, en el que siempre lo habían mantenido, el pasado 11 de marzo.
Ese día, mientras los colombianos acudían a las urnas para elegir a los congresistas de la nueva Colombia en paz, en Boca Cerrada sus habitantes no permitieron abrir la urna para cumplir la cita con la democracia.
Aseguran que son tan olvidados que ni siquiera en época electoral los candidatos los visitaron, por lo que ellos no conocieron las propuestas de ninguno de los parlamentarios, y menos los sucreños, y por esa razón no permitieron que la urna fuera desembarcada.
Los jurados de votación, por orden de un comité electoral extraordinario que se realizó en Sincelejo, llevaron esa urna hasta Labarcé, el pueblo más cercano, pero al que se llega por vía marítima, como también se llega a Boca Cerrada.
Los únicos votos fueron los de los dos jurados de mesa y el del delegado de la Registraduría en ese corregimiento que está a dos horas de la cabecera de San Onofre. A Labarcé no llegó nadie de este corregimiento a votar.
Es la primera vez en la historia del departamento de Sucre que una comunidad se niega, “por olvido del Estado ”, a participar en un proceso electoral, pues las anteriores experiencias las protagonizaron los grupos armados al margen de la ley.
Con la no comparecencia a la urna en Boca Cerrada unas 300 personas aptas para sufragar se privaron de hacerlo, pero seguros estaban entre 116 y 175 su- fragios, pues ese ha sido el comportamiento que desde el 2010 ha habido en la población a la hora de votar.
LAS CIFRAS. Los datos de la Delegación Departamental de la Registraduría en Sucre dan cuenta de que en las elecciones legislativas del año 2010 en Boca Cerrada votaron 116 personas; en las locales (alcaldes, gobernador, concejales y diputados) del 2011 concurrieron a la urna 136 ciudadanos; en las de Congreso de 2014 votaron 150, y en las locales del 2015 lo hicieron 175 personas.
A las presidenciales se les augura un panorama similar al del 11 de marzo porque el olvido estatal es evidente, hasta la iglesia está en ruinas, no tiene techo hace más de 15 años y los niños la utilizan para jugar fútbol cuando las aguas del mar Caribe que los bordea no los ha inundado.
Ningún sacerdote de la Diócesis de Sincelejo ha ido a la zona en los últimos 10 años, y una nativa relata que la última ceremonia para recibir la primera comunión fue hace 20 años.
El gobernador de Sucre, Édgar Martínez Romero, a los pocos meses de haber asumido el cargo los visitó y conoció de primera mano las necesidades que agobia a los cerca de 600 pobladores que se agrupan en 140 familias.
No hay agua potable y tampoco energía eléctrica, carecen de infraestructura educativa, hospitalaria y recreativa, entre otras.
Las casas son ranchos improvisados que con los primeros vientos marinos quedan en el suelo, como les ocurrió en el 2016 con el paso del huracán Matthew. A esta problemática Martínez Romero quiso ponerle fin y en razón a ello el 18 de octubre de ese año se dirigió a Iván Mustafá Durán, director del Fondo Adaptación, para solicitarle, por escrito, la asignación de unos recursos para la construcción de 140 viviendas palafíticas y dragar el Caño Rico. Con esto último pretendían disminuir la sedimentación y a su vez los habitantes mejorar su hábitat, su comunicación y reducir el grado de vulnerabilidad.
Las esperanzas de los habitantes de Boca Cerrada y del gobernador se vinieron al suelo cuando el 7 de febrero del año 2017, es decir, cuatro meses después de la visita y la solicitud de recursos, el Fondo Adaptación dice que no es posible la construcción de viviendas de ninguna especificación en esa zona, y que allí lo que procede es la reubicación. La comunidad, pese al peligro, se niega a salir de allí, no quiere ser reubicada; y su situación de alto riesgo no es desconocida por el Fondo, pues desde el año 2013 adelantan estudios y diseños para la recuperación de los ecosistemas degradados del Canal del Dique.
Esos estudios “evidencian que la dinámica hidráulica e hidrológica sobre la población de Boca Cerrada se ha venido alterando y se seguirá modificando por efectos de carácter natural ‘cambio climático’, el cual generará un incremento en el nivel del mar de un metro en los siguientes cien años, condición que conlleva a que el territorio sobre el cual se asienta esta población se pierda gradualmente por inundación, agudizando su nivel de vulnerabilidad”, dice John Navarro, subgerente de proyectos del Fondo Adaptación.
Boca Cerrada fue enterada oficialmente de esta decisión y sus pobladores nuevamente advirtieron que no salían de allí, lo mismo que le ratificaron a una comisión de gobierno que los visitó y que encabezó el gobernador Édgar Martínez; el viceministro del Interior, Héctor Olimpo Espinosa Oliver; un delegado de Parques Nacionales, el contralor Miguel Arrázola Sáenz y la alcaldesa de San Onofre, Mayda Balseiro, además de personal de la Oficina de Gestión del Riesgo de Sucre y de la Dirección Marítima.
En la visita, que se efectúa 13 días después de las elecciones, los pobladores de Boca Cerrada hicieron peticiones concretas: dragado de Caño Rico porque han quedado incomunicados, agua potable que sea llevada desde la planta de tratamiento que hay en el corregimiento de San Antonio, adecuación del centro de salud y del colegio, energía eléctrica o solar, una lancha medicalizada, una cancha deportiva y capacitaciones para el manejo de los residuos.
Hubo compromisos por parte de las autoridades, pero no se sabe en qué tiempo se cumplirán.
Según el censo del municipio, en ese pueblo viven 600 personas que se agrupan en 140 familias.