Perder los cabales
En lo que parece una idea delirante más, la senadora María Fernanda Cabal lidera una irresponsable campaña contra los abogados de la Clínica Jurídica de la Universidad Javeriana, contra ex directivas de Incoder, contra el padre Francisco de Roux, contra los líderes campesinos y contra periodistas. En sus penosas acusaciones me incluye, así como al medio Verdad Abierta. De la manera más arbitraria advierte que todos somos parte de una estrategia criminal para quedarnos con la tierra de ‘Las Pavas’. Nos menciona uno a uno, con nombre propio –en un país como Colombia, con todos los líderes sociales asesinados este año, con los ejércitos antirrestitución, con sus macabras expresiones del paramilitarismo–, y su texto va cobrando el carácter de lista negra. No tiene prueba de sus acusaciones, pero las hace de la manera más temeraria.
Tampoco le importa caer en una retórica paranoide para defender una idea de “legalidad” en el negocio en el que la empresa de palma Aportes San Isidro le compró a su anterior dueño. No cuenta, por ejemplo, sobre la presencia paramilitar en la Isla del Papayal –justo donde está ubicada ‘Las Pavas’–, ni describe cómo los paramilitares fueron la autoridad en ese territorio, cómo sembraban el miedo.
No dice en ningún lado que el anterior dueño de ‘Las Pavas’, el que le vendió a la empresa –en un negocio en el que también participó el grupo Daabon y luego vendió su parte–, es Jesús Emilio Escobar Fernández, alias ‘El Ñoño’. Se le olvida mencionar que ese señor ha sido reconocido como el testaferro de su hermano, el narcotraficante Gustavo Escobar Fernández. No cuenta que Jesús Emilio abandonó ‘Las Pavas’ en 1997 y que los campesinos llegaron a esas tierras –abandonadas– a cultivar sus alimentos. Tampoco menciona que los campesinos fueron desplazados por los paramilitares del Bloque Central Bolívar en el año 2003. Con la desmovilización paramilitar, los campesinos volvieron a la tierra y le pidieron al Gobierno que empezara el proceso de extinción de dominio por inexplotación económica. En el 2006 el Incoder inició el proceso de extinción de dominio, pero Jesús Emilio volvió con hombres armados y los volvió a desplazar. Acto seguido, transfirió la propiedad a los empresarios de palma.
En este momento se lleva a cabo el juicio penal por desplazamiento forzado de los campesinos de ‘Las Pavas’. Llama la atención que la mayoría de los acusados son defendidos por los abogados de la misma empresa que la senadora defiende. A la Fundación para la Libertad de Prensa le preocupa que las afirmaciones de la senadora relacionen la labor periodística con actos delictivos –sin ninguna evidencia– y que, en el contexto actual, eso signifique ponernos en riesgo. Deje que el tema de ‘Las Pavas’ se resuelva judicialmente, senadora, sin que eso nos cueste la vida a quienes informamos lo que allí ocurre. Yo creo que usted es lo suficientemente inteligente como para no dejar de estimar la gravedad de sus palabras ni las letales consecuencias que pueden derivar.