Contraloría halla anomalías por más de $2.600 millones en el Legislativo
Falta de veeduría en contratos y pago de deudas atrasadas, la razón de las irregularidades.
Luego de adelantar auditorías tanto en la Dirección General Administrativa del Senado como en la Dirección Administrativa de la Cámara de Representantes, la Contraloría encontró irregularidades fiscales por más de $2.600 millones de pesos, las cuales se derivan de contratos firmados desde el año 2013, y de pagos de deudas que se remontan a años anteriores.
Mientras en el Senado el ente de control formuló hallazgos con incidencia fiscal por un valor total de $1.765, en la Cámara lo hizo por $921 millones.
EL SENADO. Respecto al Senado, los hechos están relacionados con el no pago de los aportes pensionales al Fondo de Previsión del Congreso durante los meses de marzo a septiembre del año 1999, motivo por el cual en la vigencia 2016 realizó abo- por dicho concepto, cancelando no solo los aportes que le correspondían como empleador, sino también los aportes a cargo de los empleados ($276.593.257,93) e intereses de mora ($ 716.310.032,00).
También se encuentra un contrato celebrado en el 2015 con vigencia hasta el pasado 23 de agosto, el cual se realizó con el fin de modernizar las baterías sanitarias del Senado, pero que, de acuerdo con la Contraloría, presentó “una mayor obra ejecutada sin evidencia o justificación técnica”, lo cual produjo un detrimento público de $85.201.204,32.
Para la Cámara alta además se reportó otro contrato que se firmó con el fin de adecuar las oficinas del Senado, y que evidenció un detrimento patrimonial de $36.931.648,82, derivado de las diferencias en las cantidades de obra verificadas frente a las registradas en el acta de recibo final.
Existe otro monto por $650.145.465,00 que se explica por el pago de mora a la Caja de Compensación Familiar producto de malas liquidaciones realizadas.
CÁMARA BAJA. En la Cámara de Representantes, la Contraloría encontró que las falencias están relacionadas con la ejecución de los contratos de intermediación para la venta de vehículos a través de subasta pública, específicamente en la determinación del precio mínimo de venta. Esto obedece a deficiencias en los criterios técnicos utilizados en la determinación de los avalúos y a debilidades en la labor de supervisión de dichos contratos firmados en los años 2015 e inicios del 2016.