Tortuosa restitución

En un país donde la violencia se ha enseñoreado durante décadas, poner en marcha un programa de restitución de tierras para los que han sido despojados de ellas no es una tarea sencilla. Lo que ha sucedido tras la entrada en vigor de la Ley 1448, de 2011, da fe de ello. Pese a que la norma establece los principios para que los reclamantes hagan valer sus derechos, los hechos demuestran, como de costumbre, que la realidad es mucho más tortuosa de lo que pretenden los textos legislativos. Según datos del Centro de Investigación y Educación Popular ( Cinep), 21 personas fueron asesinadas y otras 75 recibieron amenazas en la Región Caribe, entre 2011 y marzo de 2015, por ac- tuaciones relacionadas con la reclamación de tierras. Ello sin contar con numerosos ciudadanos desplazados que no se han atrevido a presentar demandas de restitución por temor a retaliaciones. El tema de la restitución de tierras, además de sus innegables implicaciones sociales, ha provocado un encendido debate político. El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, y el presidente de la Federación de Ganaderos ( Fedegán), José Félix Lafaurie, han criticado con dureza la Ley 1448 por considerar que es un ‘coladero’ para que personas que no son ví cti mas r eclamen fraudulentamente tierras que no les pertenecen o de las que se han desprendido por l i bre voluntad, sin amenazas ni presiones. En el otro bando, personalidades como el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, o el senador Iván Cepeda acusan a los anteriores de promover una “estrategia antirrestitución”. Y a ello se suman las denuncias de organizaciones de derechos humanos sobre presuntos grupos criminales organizados, derivados del paramilitarismo, que estarían activados para torpedear el proceso de devolución de tierras. Es bastante probable, como advierten el procurador Ordóñez y Lafaurie, que este proceso esté siendo aprovechado por avivatos para hacerse, con la asesoría de los abogados inescrupulosos que nunca faltan, con predios que nunca han sido suyos o que han dejado legalmente de pertenecerles. Pero esa circunstancia no debería poner en entredicho la naturaleza misma de una ley que busca un mínimo de justicia con tantos compatriotas que han padecido los rigores de la violencia. Lo que deben hacer quienes conozcan casos de reclamaciones fraudulentas –que seguramente los hay– es denunciarlos ante los tribunales, en vez de intentar socavar la credibilidad de la norma. El sistema judicial colombiano podrá ser imperfecto, pero cuenta con varias instancias para que el acusado exponga sus argumentos.

En realidad, el problema no es hoy el ‘coladero’ que denuncian algunos, sino la extrema dificultad para que los desposeídos, muchos de ellos gente humilde, consigan que se haga justicia.