La nueva resolución que busca hacer más sostenible la construcción de carreteras en Colombia
El Gobierno Nacional, en alianza con WWF Colombia y FCDS, desarrolló una serie de lineamientos para hacer más verdes los proyectos de infraestructura vial en Colombia. Estos lineamientos ya fueron desarrollados en un proyecto en la Amazonía que dejó varias lecciones sobre su implementación en el país.
En los despachos del ministerio de Ambiente y Transporte está lista una nueva resolución que hará obligatoria la implementación de lineamientos para la construcción de carreteras más verdes en el país. Su objetivo es garantizar que su ejecución genere, por una parte, desarrollo social, pero al tiempo desemboque en un beneficio ambiental.
“Esta normativa, que es un logro de la sinergia de las carteras, incorporó herramientas fundamentales que buscan hacer más sostenibles y resilientes los proyectos de infraestructura vial. A lo que le apuntamos es que se consideren, en todas las etapas de los proyectos, aspectos para hacerlas más resistentes a los eventos climáticos cada vez más extremos, pero que al tiempo reduzcan los impactos en la biodiversidad y los ecosistemas”, explica María Constanza García, viceministra de Infraestructura del Ministerio de Transporte.
Pero, ¿en qué consisten estos lineamientos? De manera general, buscan que en los proyectos de desarrollo vial se contemplen las medidas de manejo necesarias para evitar, prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos ambientales significativos que pueden generar su implementación. El objetivo es que esta visión, conocida como la ‘jerarquía de mitigación’, se aplique en las diferentes etapas de desarrollo de los proyectos.
Para lograr esto se incluyeron herramientas como la implementación de una ingeniería verde, evaluaciones ambientales, incorporar modos de transporte alternativos, caracterizar los ecosistemas, realizar diseños de pasos de fauna y compensaciones ambientales, asegurar la gobernanza y participación de las comunidades, realizar obras de drenaje para minimizar la afectación a cuerpos de agua, entre otros.
Estos lineamientos fueron formulados por el Gobierno Nacional, con el apoyo de WWF y Fundación para la Conservación y el Desarrollo (FCDS) en 2020, con un enfoque distinto hacia el desarrollo como una serie de infraestructura de transporte que pone a la biodiversidad en el centro de la toma de decisiones. Ahora, estas prácticas deberán contemplarse en todos los proyectos en el país, con el objetivo de fortalecer las acciones nacionales en torno al Marco Global de Biodiversidad Kunming-Montreal, que fue pactado hace dos años en la cumbre de biodiversidad (COP15).
¿Cómo impactan las carreteras a la biodiversidad en Colombia?
Las vías en Colombia han sido consideradas, por muchos años, como un símbolo de progreso y desarrollo en el país, al permitir la circulación de bienes y servicios y al conectar a las regiones en medio de una geografía complicada. No obstante, su desarrollo ha generado un impacto ambiental importante.
“Esta es la realidad, en particular en algunas regiones de especial sensibilidad y vulnerabilidad, en donde la infraestructura de carretera tiene unos impactos indirectos supremamente altos y terminan por causar problemas ambientales. Todo esto es inadmisible en un país que está comprometido con los convenios de cambio climático”, precisa Mario López, asesor de la Dirección de Asuntos Ambientales del Ministerio de Ambiente.
Además de esto, desde el Ministerio de Transporte, se ha documentado cómo la planeación y desarrollo de carreteras que no tuvieron en cuenta la biodiversidad ha generado fragmentaciones en la conectividad hídrica, el atropellamiento de fauna silvestre, la vulnerabilidad ante taludes, entre otros factores.
“La infraestructura vial, junto con la expansión de la frontera agrícola, el acaparamiento de la tierra y el comercio ilegal de madera son los principales impulsores de la deforestación en el país. El 95% de este fenómeno se encuentra a 5 kilómetros de una carretera”, explica Ximena Barrera, directora de Relaciones de Gobierno y Asuntos Internacionales de WWF Colombia.
Con estos retos en mente, se desarrollaron los Lineamientos de Infraestructura Vial Verde (LIVV), que tuvieron su primera prueba de fuego con un proyecto piloto en la Amazonía.
En esta región se localiza la carretera entre los municipios El Retorno y Calamar, en el departamento del Guaviare, la cual hace parte de la conexión intermodal hacia Vaupés dentro del Plan Amazónico de Transporte Intermodal Sostenible (PATIS). Allí, se realizaron los diseños y estudios de factibilidad para su rehabilitación y mejoramiento, con el apoyo de FCDS y WWF, teniendo en cuenta los lineamientos de infraestructura verde. Todo este proceso culminó con la construcción de una vía para 2022.
Este proceso dejó varias enseñanzas. “Una de las lecciones que nos dejó es cómo vincular a las comunidades para que conozcan estos lineamientos. La gente siempre tiene como prioridad tener más kilómetros pavimentados y, para abrir el espectro, desarrollamos una serie de capacitaciones, con diplomados para las comunidades, para dar a conocer los lineamientos”, indica García, del Ministerio de Transporte.
Además, se espera que en los próximos meses se utilicen recursos del Banco Interamericano de Desarrollo para acompañar tres proyectos en la Amazonía identificando las oportunidades de aplicar los lineamientos en un trabajo liderado por los Ministerios de Ambiente y Transporte con contratistas, INVIAS, ANI, entidades territoriales, autoridades ambientales y otros actores .
Un cambio de ‘chip’
Con estas lecciones, se espera que en los próximos días se implemente a nivel nacional la resolución que hará obligatorios estos lineamientos en el país. Pero hay, aún, algunos retos en el camino.
“Se necesita seguir con el proceso de fortalecimiento de las capacidades con las instituciones, en particular con las entidades territoriales que no conocen del todo las normativas”, indica López, asesor del ministerio de Ambiente.
Aun así, con estas herramientas en mente se espera impactar los proyectos en Colombia que se encuentran en fases de diseño, construcción o que ya están construidos, pero que en su etapa de mantenimiento pueden mejorar su sostenible ambiental y social.
“Estos lineamientos son un excelente punto de partida para corregir, ajustar y trabajar para evitar y remediar esos daños que estamos generando. Se trata de cambiar el chip”, indica García.
Estos avances son claves para la ambición climática y de biodiversidad que tendrá la COP16, que se realizará en Cali este año. Como dice Ximena Barrera, de WWF Colombia, “las agendas globales y nacionales cada vez más están convergiendo al cuidado y protección de la naturaleza y la biodiversidad y su interrelación con la agenda climática. Es clave la actualización de los Planes Nacionales de Biodiversidad y que, a través de la cooperación internacional, se promuevan sólidos mecanismos de implementación. También es esencial reconocer el rol que juega la naturaleza para desarrollar soluciones en el futuro”.
Los lineamientos cuentan con un enfoque hacia el desarrollo de infraestructura de transporte, que pone a la biodiversidad en el centro de las decisiones.
En el suroccidente del país se desarrolla un proyecto de incentivos a la conservación que fue estructurado y liderado con las comunidades. Con un presupuesto de más de $8.000 millones, se incentivará el desarrollo rural sostenible de cerca de 2.300 familias y la preservación de 1.300 hectáreas de ecosistemas estratégicos.
En el consejo comunitario del Bajo Mira y Frontera, en la zona rural de Tumaco, Nariño, se desarrolla un proyecto de incentivos a la conservación que busca darle la vuelta al modo en que estas estrategias se venían desarrollando tradicionalmente. La idea es potenciarlas, de cara a la COP16 —principal cumbre de biodiversidad del mundo—, como una figura que resulta de gran interés para invertir recursos de financiamiento climático y ambiental.
Para entender el giro que este proyecto significa para este tipo de mecanismos, es importante entender qué son los incentivos a la conservación en Colombia. A pesar de existir bajo otras formas previamente, estos fueron reglamentados en 2017 a través del único decreto del Ministerio de Ambiente aprobado en el “fast track” legislativo de los Acuerdos de Paz; se trata del Decreto 870 de 2017, reglamentado por el Decreto 1007 de 2018.
En la normativa se estableció y delimitó la propuesta de entregar incentivos en dinero o especie a las personas o comunidades que realizaran acciones de preservación y restauración en sus predios, bajo la premisa de que “conservar paga”. Estos se suman a los proyectos de reactivación económica sostenible y ambiental (RESA), liderados por la Corporación Autónoma Regional del Nariño (Corponariño), que buscan impulsar la economía de ciertas zonas del país, en particular después de la pandemia del covid-19.
Para el caso de Tumaco, los incentivos a la conservación llegan al territorio por gestión de la Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de la mano de la Fundación Sacha Llaqta, una organización comunitaria de la zona. Su propuesta fue estructurada desde 2021, con el apoyo del Programa de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial (DRET II) de la Unión Europea, la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo (AICS) y la FAO. Durante el proceso se tomaron en cuenta las dinámicas propias de las comunidades y los objetivos de conservación en este ecosistema estratégico. Además del apoyo de la cooperación internacional, el proyecto contó con la asistencia técnica de Corponariño.
La estrategia detrás del impulso de estos proyectos, por parte del programa DRET II, es pilotear políticas públicas en los territorios para, a partir de estas experiencias, llevar hacia el nivel central, insumos y lecciones aprendidas desde los territorios y poder escalar las mejores prácticas e iniciativas a mayor escala; este proceso se ha logrado a la perfección en el caso del proyecto piloto de incentivos a la conservación en Tumaco.
“Nuestro objetivo principal en estos proyectos, y en general como Gobierno, es fortalecer las capacidades de las comunidades como sujetos de bienestar y desarrollo, y no como objeto de atención. La visión de DRET, con su apuesta de valor, fue fundamental para el éxito de la consolidación de este acuerdo de conservación, en un proceso que muestra cómo la cooperación internacional puede lograr articulaciones con mayor coordinación multiactor y con un enfoque territorial”, precisa José Manuel Perea, del Ministerio de Ambiente.
De hecho, una vez la iniciativa cumplió con los requisitos de la modalidad de regulación y calidad hídrica, estipulados en la Guía de Proyectos Pago por Servicios Ambientales (PSA), la empresa Cenit, compañía filial del Grupo Ecopetrol, decidió financiar el proyecto a través del mecanismo de obras por impuestos, el cual se enfoca en conectar al sector privado con inversiones directas en las áreas más impactadas por el conflicto armado. Como resultado, se cuenta con un presupuesto total de $8.000 millones para su ejecución y se prevé que impactará 1.000 hectáreas en preservación y 300 en restauración pasiva, que beneficiará a 2.300 familias en el consejo de Bajo Mira y Frontera durante dos años.
En los predios que forman parte del proyecto se desarrollarán acciones claves para impulsar la producción de cacao (con la compra de materias primas, asistencia técnica y apoyo económico a las unidades productivas), el fortalecimiento a la estrategia comercial de mariscos, así como inversiones para aportar en la sostenibilidad social, económica y ambiental de las cadenas productivas que se desarrollan en este territorio colectivo e infraestructura comunitaria.
Además, se fortalecerá la organización territorial de las comunidades con capacitaciones sobre temas de equidad de género y, entre otros, tenencia de la tierra para niños, jóvenes y adultos.
Incentivos para conservar
Por el momento, en el país hay más de 500.000 hectáreas conservadas bajo el esquema de PSA y otros incentivos a la conservación, que busca proteger ecosistemas estratégicos que prestan diversos servicios a las comunidades locales y la sociedad, como manglares, paramos y bosques húmedos tropicales, entre otros. Uno de los objetivos del Gobierno Nacional es incluir dentro de estos mecanismos más de 300.000 nuevas hectáreas protegidas en el período 2022-2024.
La evolución de este tipo de proyectos ofrece, además, un gran potencial para la implementación de los Acuerdos de Paz. “Los incentivos a la conservación se han reformulado, abriendo la posibilidad para que las víctimas del conflicto y los comparecientes ante la Justicia Especial para la Paz (JEP) realicen acciones de preservación o restauración de ecosistemas estratégicos, lo cual hace que sea un mecanismo de reincorporación y resarcimiento”, afirmó la ministra de Ambiente, Susana Muhamad.
El objetivo es seguir potenciando este tipo de mecanismos, en especial para atraer la atención de inversionistas ambientales y climáticos, ya que la COP16 se llevará a cabo del 21 de octubre al 1° de noviembre de 2024 en Cali.
“Para la COP16 se realizará una feria de negocios verdes, en la que estará la representación de las economías populares sostenibles de todo el país. Para esto también tenemos pensado abrir una convocatoria para que proyectos verdes de delegaciones de otros países visiten la cumbre y, así, generar un espacio de intercambio”, explicó la ministra Muhamad.
Según la Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Pacífico y la Amazonia serán las zonas en las que más desarrollarán este tipo de proyectos, que buscan articular la conservación de la naturaleza con nuevas economías centradas en modelos sostenibles que beneficien a todos los actores.
Nuestro objetivo en estos proyectos es fortalecer las capacidades de las comunidades como sujetos de bienestar y desarrollo. La visión de DRET fue fundamental para el éxito de la consolidación de este acuerdo de conservación”,
precisa José Manuel Perea, del Ministerio de Ambiente”.