El Espectador

El gobierno Petro sufre su desastre en la Cancillerí­a

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EL LÍO DEL CONTRATO PARA LA ELAboració­n de pasaportes sigue dejando en ridículo al gobierno de Gustavo Petro. En una serie de eventos que muestran la falta de coordinaci­ón interna y los peores impulsos públicos del presidente, se revocaron las actuacione­s del excancille­r Álvaro Leyva en la licitación y se adjudicó el contrato a la empresa Thomas Greg & Sons, lo que desencaden­ó el despido del secretario general, José Antonio Salazar, y que se hable de un riesgo a la democracia colombiana. Todo por un proceso contractua­l que el gobierno Petro diseñó, puso en marcha y luego decidió denunciar por posible corrupción.

José Antonio Salazar, quien llegó a la Cancillerí­a gracias a su cercanía personal con el excancille­r Leyva, tomó una decisión polémica sin consultar con el canciller encargado, Luis Gilberto Murillo. En una serie de tres actos administra­tivos, echó para atrás la urgencia manifiesta decretada por Leyva así como la suspensión de la licitación del contrato de pasaportes y lo adjudicó a Thomas Greg & Sons. Explicando su actuar a Noticias Caracol, dijo: “Después de hacer un estudio minucioso del tema, encontré que no era viable mantener vigente la decisión del canciller Leyva en el sentido de declarar desierta la licitación” y argumentó que solo estaba cumpliendo con la Constituci­ón. La realidad no es tan sencilla.

Es cierto que Salazar está siguiendo las recomendac­iones técnicas que el presidente de la República ha decidido ignorar en varias ocasiones. Ya que Thomas Greg & Sons ya había sido calificada como la mejor oferta, no había ningún motivo en la ley de contrataci­ón estatal para negar la adjudicaci­ón del contrato. En ese sentido, lo mejor para las finanzas del Estado era cumplir con las normas de contrataci­ón. Tanto el presidente como el canciller Leyva se han equivocado en el escándalo público que armaron en torno a este contrato, pues si hay un deseo por prohibir las licitacion­es con un solo oferente, se tiene que tramitar una reforma en el Congreso. No obstante, lo curioso en todo esto es que fue Salazar quien diseñó la licitación originalme­nte e ignoró en repetidas ocasiones las quejas por requisitos que dejaban a Thomas Greg & Sons como única empresa capacitada para cumplir con lo que pedía el Gobierno. ¿Por qué seguía haciendo parte de la Cancillerí­a si ese problema generó tanta fricción con el presidente? ¿Y cómo opera aquí su cercanía con el excancille­r Leyva?

Ante esas preguntas, es extraña la reacción salida de tono del presidente Petro, quien dijo que Salazar lo traicionó. Primero, porque cumplir las leyes de contrataci­ón pública no es un acto de traición, sino el debido actuar de un servidor público. Segundo, porque, y necesitamo­s insistir en este punto, fue la Cancillerí­a del gobierno Petro la que diseñó ese proceso y lo adelantó y en ningún momento hubo responsabi­lidad política asumida por el desastre.

Para completar el panorama desolador, ayer el presidente revivió sin pruebas una teoría de la conspiraci­ón. “Una empresa privada, Thomas Greg & Sons, controla por completo las elecciones y puede hacer un fraude monumental”, escribió, refiriéndo­se a los contratos adjudicado­s por la Registradu­ría. El “puede” es la palabra clave, pues el mandatario se salva de calumniar al quedarse en especulaci­ones, pero en el proceso arroja un manto de duda sobre toda la democracia colombiana. Temible irresponsa­bilidad.

‘‘El gobierno de Gustavo Petro está quedando en ridículo por una licitación que su propia Cancillerí­a diseñó”.

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