Recetas contra la inseguridad
ARIEL ÁVILA, EXPERTO EN CRIMINALIDAD, publicó en Cambio recomendaciones para que nuestra situación de inseguridad no llegue al infierno que padece Ecuador.
Según él, la crisis del vecino se debe a tres factores: la inseguridad en los campos, donde aparatos militares han comenzado a avanzar; el deterioro de la seguridad en las grandes ciudades, donde se están formando estructuras con capacidad de hacer operaciones militares pesadas (como pasó en Guayaquil y en Tuluá con la banda de La Inmaculada), y el aumento de las economías ilegales.
Según él, se cometieron varios errores en Ecuador: primero, en época del presidente Correa, la expulsión de los estadounidenses, sin nadie que los reemplazara, de la base de Manta, a quienes las Fuerzas Militares ecuatorianas les habían delegado el cuidado de la seguridad en la frontera con Colombia; ello generó un vacío de poder que llenaron de inmediato organizaciones criminales colombianas. Segundo, el debilitamiento de la infraestructura de seguridad e inteligencia del país en la presidencia de Moreno, a lo que se llegó por la reducción de costos, dados los problemas económicos de Ecuador; eso hizo que los carteles mexicanos abrieran más rutas en ese país. Tercero, la decisión del presidente Lasso de permitirles a los civiles armarse, lo cual condujo a que muchas armas terminaran en manos de criminales.
Como se ve, en Colombia ha habido asuntos parecidos: principalmente, el no copamiento de los territorios abandonados por las FARC, que permitió que el narcotráfico y los grupos armados se los disputaran, y el debilitamiento, al comienzo de la administración Petro, de la inteligencia y de las Fuerzas Militares y de Policía.
Así las cosas, para prevenir una crisis similar de seguridad en Colombia, Ávila dice que hay que desideologizar el debate sobre la seguridad y entender que controlarla es una necesidad apremiante de todos. Para ello propone, entre otras cosas, ajustar el Código Penal, de modo que se castigue la reincidencia y se revisen los beneficios para delitos menores; fortalecer la Policía; crear un sistema de inteligencia urbano, lo que implica asignarle mayores recursos para que se llegue a 180.000 efectivos que dispongan de equipos adecuados; distinguir claramente las políticas de seguridad rural y urbana, con comandancias distintas en cada departamento, una para lo rural y otra para lo urbano; crear fuerzas de tarea con una jurisdicción nacional dedicadas exclusivamente a organizaciones criminales; fortalecer una política de prevención de violencia juvenil, potenciando Jóvenes en Paz y haciendo partícipes de esa política a alcaldes y gobernadores; reformar el sistema penitenciario, pues la corrupción y el sobrecupo son aterradores; crear un sistema de contrainteligencia en la fuerza pública para evitar la corrupción, y discutir sin pasiones el asunto de la seguridad jurídica de la fuerza pública (“si bien temas como las pérdidas de ojos de manifestantes, los falsos positivos o la violencia sexual no se deben permitir, ni pueden ser tolerados por una sociedad democrática, también es cierto que existen vacíos legales que llevan a la fuerza pública a preferir no operar para evitar líos judiciales”).
Puede que no todas esas recomendaciones deban implantarse. Pero ahora, cuando el director de la Policía diseña una nueva política de seguridad, vale la pena que por lo menos las tenga en cuenta.